Giro total en el PP. El Gobierno cede a la presión y cambia su firme estrategia con dos anuncios inesperados que afectan a la Ley Hipotecaria y a la ley de tasas judiciales. Por un lado votará a favor de la tramitación de la iniciativa popular contra los desahucios después de la recogida de casi un millón de firmas y la dura campaña llevada a cabo por los portavoces de diversas asociaciones defensoras de los afectados. Y por otro, el ministro Gallardón aplicará una rebaja en parte de las tasas judiciales atendiendo a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo. Se modificará así la polémica ley de tasas que puso en pie de guerra a todo el sector de la Justicia.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su formación finalmente votará en el Congreso a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regular la dación en pago y paralizar los desahucios, lo que permitirá que el texto promovido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha entrado en la Cámara con casi millón y medio de firmas, inicie su recorrido parlamentario.
Según ha explicado en una breve rueda de prensa mientras dentro del hemiciclo continuaba el debate sobre la toma en consideración de la iniciativa, su grupo ha cambiado de opinión, pasando del 'no' que venían anunciado desde hace una semana al voto afirmativo, una vez que han obtenido garantías de que la propuesta ciudadana no entorpecería la tramitación de la ley sobre este tema que, a iniciativa del Gobierno, ya se está tramitando en el Congreso.
Alonso ha comparecido tras reunirse con el presidente del Congreso, Jesús Posada, quien, después de consultar con los servicios jurídicos de la Cámara, se ha comprometido a agilizar lo máximo posible los trámites con idea de que ambos textos, el del Gobierno y el de la Plataforma, se traten de forma conjunta. Después, hacia las siete de la tarde, el presidente del Congreso ha ordenado desalojar a los representantes de la PAH que tras la intervencion del PP han increpado a los diputados.
Esta tramitación ágil, que incluirá la reducción al máximo de los plazos para la presentación de enmiendas, ya que el proyecto del Gobierno ya va por el procedimiento de urgencia por proceder de un decreto ley en vigor, es lo que va a permitir que los promotores del texto vean reconocido "su esfuerzo con el voto favorable de todos" los grupos parlamentarios, según ha remarcado Alonso.
La noticia ha sido recibida con alegría pero también con escepticismo entre los varios cientos de personas que se han concentrado frente al Congreso para apoyar la ILP. "Es un paso adelante, pero no nos podemos fiar", ha comentado una de las manifestantes. "Lo tomamos con cautela, aunque es un avance, un pasito", ha afirmado Liliana, mientras sostenía una pancarta. Más excéptica se ha mostrado María que definía el cambio de postura del PP como "un lavado de cara".
Dos suicidios y una protesta frente al Congreso
Hasta la dos la tarde de este martes, incluso después de su encuentro con la portavoz de la PAH, Ada Colau, el Grupo Popular mantenía su intención de votar en contra de la tramitación de la iniciativa. Ya entonces Alonso anunciaba que, como reconocimiento al movimiento ciudadano que la ha hecho posible, el PP se comprometía a bautizar con el nombre de la ILP la ley que en esta materia ha impulsado el Gobierno.
Sin embargo pasadas las seis de la tarde, el propio Alonso volvía a comparecer para informar del cambio de posición de los 'populares'. En las cuatro horas que han mediado entre las dos comparecencias, había empezado a debatirse la admisión a trámite, centenares de personas se manifestaban junto al Congreso reclamando su tramitación y se ha conocido el suicidio de un matrimonio de jubilados que iban a ser desahuciados en Mallorca.
Reducción de tasas judiciales
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.
En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y "ha visto más y mejor" que el Ministerio de Justicia. El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.
Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la Defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.
Tras insistir en la importante del "papel institucional" de la Defensora del Pueblo, Gallardón ha explicado que se articularán los procedimientos legales adecuados para introducir las modificaciones que propone para supuestos concretos y situaciones determinadas.
Unos cambios que, en su opinión no deslegitiman el proyecto del Ejecutivo, sino que lo mejoran y consolidan el sistema de tasas aprobado en la ley que entró en vigor el pasado mes de noviembre y que estableció una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.
