Una llamada de teléfono, una breve carta y decenas de folios de documentación. Fernando Villalonga, el delegado del Area de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid y hombre de la máxima confianza de Ana Botella, remitió el pasado 29 de enero al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, toda la información que obraba en poder de su departamento sobre las supuestas irregularidades cometidas entre 2007 y 2009 en el pago de 120.000 euros por parte de uno de los organismos que promocionaba la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), las última ONG creada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Esa documentación es la que llevó la semana pasada al juez que instruye el caso Nóos, José Castro, a desplazarse a Madrid para interrogar e imputar a tres de los directivos que se encontraban al frente de dicha entidad, la Fundación Madrid 16. Entonces, el primer edil era el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La investigación apunta a que parte de los 120.000 euros cobrados por la ONG del duque de Palma de Madrid 16 acabó en cuentas secretas en Luxemburgo
En su carta al fiscal general, el hombre de confianza de Botella detalla que "como quedamos en nuestra conversación telefónica" le remitía el contrarto firmado entre la Fundación Madrid 16 y la ONG de Urdangarin y Torres, "así como los recibís en pagos bajo el concepto de 'donación' por la cantidad de 120.000 euros" que supuestamente recibió esta última. Villalonga añadía en la misiva que no ha "podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades". El Ministerio Público considera que esta documentación demuestra que el 7 de octubre de 2007 Madrid 16, al frente de la cual estaban los tres nuevos imputados, Mercedes Coghen -muy cercana a Gallardón-, Miguel Villa y Gerardo Corral, suscribió con la fundación de Urdangarín y Torres un "convenio marco de colaboración por el que ambas partes se comprometían [...] a impulsar la utilización del deporte como herramienta de integración social de colectivos desfavorecidos".
Pese a que dicho convenio no especificaba ningún tipo de contraprestación económica a cambio, la documentación remitida demuestra que Madrid 16 entregó a la FDCIS "en concepto de donación" 120.000 euros repartidos en 18 pagos entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009, la mayoría de ellos de 6.000 euros, aunque también los había de 12.000 euros. La Fiscalía recalca que dichas cantidades fueron abonadas sin que conste que la ONG del duque de Palma hubieran realizado ningún servicio. De hecho, el Ministerio Público considera que un escrito de cuatro folios con el título "Memoria" escrito a mano en su encabezamiento y fechado en diciembre de 2011 que esgrimió en su día Madrid 16 para justificar dichas entregas no es sino un "intento burdo" por enmascarar las irregularidades. Su autora, Mercedes Coghen, justificó ante el juez su redacción en que la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, le ordenó redactarlo a posteriori para justificar los pagos.
Del dinero que Madrid 16 le pagó a la fundación del yerno del rey, dedicada sobre el papel a ayudar a niños con minusvalías, ésta sólo declaró a Hacienda 72.000 euros, según consta en uno de los informes que la Agencia Tributaria ha hecho al magistrado durante la instrucción del caso Nóos. El resto, presuntamente, fue evadido de España con rumbo a cuentas secretas en Luxemburgo a través de la empresa De Goes Center Stakelholder Management, según descubrió recientemente la investigación.
Declaración ante el juez
El propio Fernando Villalonga tuvo que declarar como testigo ante el juez Castro el pasado 7 de febrero por la mañana. En su testimonio, aseguró que puso en conocimiento del fiscal general del Estado los datos que obraban en su poder después de que tuviera conocimiento de que el grupo parlamentario de UPyD en el consistorio había hecho en octubre de 2012 una pregunta sobre unos contratos relacionados con el Instituto Nóos. "Creí oportuno poner en conocimiento de la Fiscalía la documentación que obtuve".
El alto cargo del ayuntamiento asegura que tomó "la iniciativa" porque le llamó la atención, "aparte de lo llamativo del nombre de una de las partes" en clara referencia a Urdangarín, que en el convenio de colaboración no se fijasen ni cantidades ni prestaciones y que, sin embargo, si hubiera facturas "a favor de dicha fundación a título de donación y sin que se localizase la justificación de la realización de los servicios a que correspondían estas facturas".
Villalonga añadió que la concejala de Deportes, Patricia Lázaro, que depende de él, fue la que se encargó de alertarle de las irregularidades del convenio firmado con la ONG de Urdangarín y su socio y que, a partir de ello, buscó "exhaustivamente en los archivos de la Fundación 2016, ya extinta, si existía algún tipo de trabajo o servicio que justifique estas facturas y no lo he encontrado". El máximo representante del Área de las Letras del Ayuntamiento destacó en su testimonio ante el juez que "es la primera vez en mi vida que he visto transferencias dinerarias en calidad de donaciones a pesar de que llevo muchos años en la Administración". Villalonga recordó, precisamente, su paso por el gobierno de la Comunidad Valenciana en 1995, con Eduardo Zaplana.
