Si el expediente se hubiera cerrado ahora con sanciones al anterior Consejo de Bankia por la entrega fuera de plazo de las cuentas de 2011, el asunto no hubiera tenido mayor trascendencia. El peor de los escenarios para los antiguos responsables de la entidad hubiera consistido en que el regulador argumentara que en la presentación de estas cuentas sin la firma del auditor, en este caso de Deloitte, existía información engañosa o un intento de ocultación para garantizarse la salida exitosa a Bolsa. Nada de esto va a suceder ya que la mayoría del comité ejecutivo de la CNMV apuesta por dejar el expediente en suspenso hasta la celebración del juicio. Fuentes del regulador insisten en que esta decisión no supone ni su archivo ni su sobreseimiento, simplemente implica que prevalece el criterio de no condicionar el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra los anteriores consejeros de la entidad que presidía Rodrigo Rato.
La CNMV apuesta por adoptar una actitud de neutralidad hasta que el juicio contra los anteriores integrantes del Consejo de Bankia se celebre en la Audiencia Nacional
Para tomar esta decisión, la CNMV no va a tener en cuenta finalmente la opinión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) un organismo autónomo adscrito al Ministerio que dirige Luis de Guindos. “La CNMV es la que hace sus propios informes, en este caso sobre un expediente que se abrió de forma automática en la etapa de Julio Segura como consecuencia del retraso en la presentación de las cuentas de 2011”, apuntan fuentes del regulador.
Con esta disposición de la CNMV a dejar en suspenso el expediente contra el anterior consejo de Bankia, los argumentos de la querella presentada por UPyD, el partido de Rosa Díez, contra la treintena larga de personas que lo integraban no podrán fortalecerse con el aval del regulador, que ha elegido finalmente una posición de neutralidad, teniendo en cuenta que el caso está siendo investigado por el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional.
La querella puesta por el partido de Rosa Díez contra los ex consejeros de la entidad no podrá verse reforzada en sus argumentos por el criterio del regulador
Si el expediente hubiera sido archivado, quedaría sin fundamento el grueso de la querella presentada contra Rato y otros 34 ex consejeros de la entidad. Si, por el contrario, la CNMV hubiera decidido trasladar hasta el BOE una sanción contra el anterior Consejo de la entidad reconociendo una intencionalidad dolosa por no entregar a tiempo las cuentas correspondientes a 2011, la ofensiva judicial emprendida por Rosa Díez encontraría un mayor sustento en la Audiencia. Esto es lo que se opina en el Gobierno y también en el comité ejecutivo de la CNMV, según fuentes bien informadas.
El desenlace del expediente abierto por Julio Segura antes de su cese en el cargo es importante porque conecta con la principal acusación que encierra la querella que ahora se ve en la Audiencia. En sus diligencias previas consta que no hace falta ser muy mal pensado para darse cuenta de que el anterior Consejo de Administración y los antiguos gestores de Bankia/BFA “conocían perfectamente la verdadera situación patrimonial de la entidad y prefirieron ocultarla para poder salir a Bolsa y recabar varios miles de millones de euros de nuevos inversores”. La acusación va más allá: “Con plena conciencia de que los datos económicos publicados eran falsos, siguieron manteniéndolos mediante una evidente manipulación del mercado, cuyo objetivo no era otro que preservar en la medida de lo posible el precio de cotización del valor Bankia y los restantes instrumentos financieros de la entidad, a fin de que no se descubriera su verdadera situación y poder con ello seguir conservando sus puestos y cargos directivos el mayor tiempo posible”.
El juez Fernando Andreu tendrá que decidir si percibe que hubo información engañosa o intento de ocultación en las cuentas entregadas por Bankia antes de su salida a Bolsa
El plazo para presentar a la CNMV las cuentas de 2011 expiró para Bankia el pasado 30 de abril, pero no llegaron al regulador hasta el 4 de mayo y lo hicieron sin auditar y mediante un hecho relevante. El argumento fue que la firma Deloitte necesitaba más tiempo para analizar el estado contable de la entidad financiera. Tres semanas más tarde, ya sin Rodrigo Rato como presidente de Bankia, la entidad comunicó al equipo entonces presidido por Segura que el consejo de administración había procedido a reformular las cuentas anuales. De un beneficio antes de impuestos de 306 millones se pasó a unas pérdidas de 4.369 millones, una diferencia que condujo a José Ignacio Goirigolzarri a pedir 19.000 millones de ayudas públicas.
