“El Gobierno también se resistía a subir el IVA y acabó haciéndolo”. Con esta firmeza se expresaba una voz autorizada del sector de las concesionarias acerca de la resistencia que parece mostrar el Ejecutivo a poner peajes en las autovías de primera generación. “No queda otro remedio, de lo contrario es imposible su mantenimiento”.
Es sólo uno de los incendios del sector. El otro es la situación de las concesionarias que han tenido que recurrir al concurso de acreedores. El mayor dolor de cabeza, por encima de la caída de los tráficos y de los efectos de la crisis económica, es el de los sobrecostes por las expropiaciones. Según van incrementándose los concursos de acreedores de las concesionarias, va aumentando la cantidad que el Gobierno debe asumir al ser el responsable último de las concesiones.
“En realidad, las concesionarias pagan las expropiaciones pero es por cuenta del Estado que, en definitiva, fue quien ordenó esas expropiaciones para llevar a cabo el diseño y construcción de las carreteras”, señala un consultor. De esta forma, la factura se va incrementando para el Ejecutivo a medida que las concesionarias van quebrando, por lo que Fomento ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para tratar de revisar los procesos de expropiación que continúen abiertos.
Se da además la paradoja de que algunas concesionarias que fueron adjudicatarias de tramos de las radiales de Madrid también lo fueron obras de la autopista de circunvalación M-50 que, a diferencia de las radiales, no es de peaje. De esta forma, las compañías deben ocuparse del mantenimiento de una autopista por la que no obtienen ingresos por su utilización.
En busca de soluciones
La respuesta que está recibiendo el sector de parte del Ministerio de Fomento no es excesivamente alentadora. El departamento que dirige Ana Pastor se encuentra atado de pies y manos por el Ministerio de Hacienda y, por el momento, poco más puede hacer que las aportaciones a las cuentas de compensación y los préstamos participativos, que no han impedido el hecho de que hasta el momento hasta cuatro compañías hayan solicitado el concurso de acreedores.
Mientras, Fomento ha manifestado su intención de licitar la R-1, aunque los expertos del sector consideran que no es el mejor momento para llevar a cabo este tipo de operaciones. “No nos parece mal que se liciten contratos de este tipo pero habrá que ver quién acude a ellos, si es que va alguien”.
La cascada de concursos ha encendido todas las alarmas del sector que ya llevaba tiempo alertando de que su situación era insostenible. Pero, al menos por ahora, el Ministerio de Fomento no tiene la llave para solventar la cuestión. Los presupuestos no han despejado las dudas y la política de recortes para reducir el déficit amenaza con empeorar aún más la situación.
