Los inmigrantes irregulares y el resto de ciudadanos que sean atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no dispongan de tarjeta sanitaria quedarán registrados, por lo que las comunidades autónomas podrán reclamar en un futuro el pago del coste de esta atención. Así lo ha asegurado este viernes el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

"Son medidas disuasorias", han asegurado fuentes del departamento dirigido por Ana Mato a la agencia Europa Press. Estas mismas fuentes recuerdan que el nuevo sistema de aseguramiento que entrará en vigor este sábado, 1 de septiembre, sólo cubre la asistencia sanitaria de personas sin tarjeta en casos de enfermedad crónica, urgencias, embarazo y a los menores de 18 años.

En el resto de casos, Sanidad insiste en que no se va a pedir dinero antes de atender a los pacientes. No obstante, una vez atendidos y en caso de no disponer de tarjeta sanitaria, recibirán una factura con lo que ha costado la atención. En caso de que la persona atendida sea un inmigrante ilegal, el coste se pasará al país de origen si este tiene algún convenio de colaboración bilateral con España.

En caso de tener que abonar la factura, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", explican desde el Ministerio. Sin embargo, advierten de que la deuda quedará registrada.

Aunque desde Sanidad inciden en que estas personas no entrarán a formar parte de ninguna lista de morosos, si en el plazo de un año ese ciudadano tiene trabajo y reside en España de manera legal se podrá reclamar la factura "como hace cualquier empresa".

Esta situación no se producirá en todas las comunidades autónomas, ya que algunas han asegurado que seguirán haciéndose cargo de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Es el caso de Andalucía, País Vasco, Cataluña o Galicia.