Por activa y por pasiva, Repsol ha instado en los últimos meses a buscar una salida negociada para lograr una compensación justa por la expropiación del 51% de YPF. Y la presidenta argentina, Cristina Kirchner, estaría dispuesta a dialogar, pero con una condición: la salida de Antonio Brufau de la presidencia de la petrolera española.
Esa es la tesis que sostiene Carlos Pagni, columnista estrella del diario argentino La Nación (enfrentado al oficialismo), en un artículo publicado ayer en el que asegura que la salida de Brufau es “indispensable” para Kirchner, que no perdona al ejecutivo ilerdense que relacionara la expropiación de YPF con la negativa de Repsol a pagar sobornos para obtener contratos de gas natural licuado (GNL).
La clave, como en casi todo lo relacionado con Repsol, la tendría La Caixa, primer accionista de la petrolera, y su presidente, Isidro Fainé. Y un posible mediador, según este analista, sería Carlos Slim, convertido en accionista de YPF tras la ejecución de los créditos que concedió su grupo financiero, Inbursa, a los Eskenazi, y tras la compra de un pequeño paquete de acciones de la argentina.
El jefe de gabinete de Kirchner es hijo del hombre de confianza de Slim en Argentina
El gran vínculo del multimillonario mexicano, el hombre más rico del mundo, con el kirchnerismo tiene nombre y apellidos: Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Su padre, abogado argentino del mismo nombre y secretario general del Movimiento peronista entre 1972 y 1974 (lleva años afincado en México), es el hombre de confianza de Slim en Argentina.
Pagni cree que “la inexistencia de indicios de que Repsol” va a recibir algún tipo de compensación por la expropiación es “una dificultad añadida” para Miguel Galuccio, presidente y consejero delegado de YPF, a la hora de sumar inversores (en especial, estadounidenses) que financien el plan estratégico de YPF. Este debería presentarse la semana pasada, en concreto, el martes, 14, cuando se cumplirán cien días desde la llegada de Galuccio al cargo.
Galuccio ha visto como un nuevo decreto del Gobierno argentino (el 1277, conocido como ley de soberanía de hidrocarburos) abre la puerta a una mayor intervención del Estado en el sector, lo que, además de suscitar el rechazo de algunas provincias petroleras, tampoco contribuye a la búsqueda de inversores.
Un portavoz de YPF confirma que, de momento, la única alianza estratégica que se ha rubricado es la anunciada la semana pasada con la petrolera estatal venezolana, PDVSA. “Con los chinos hay conversaciones, pero nada oficial”, añade.
