El que fuera presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que dimitió tras el varapalo electoral sufrido por su partido en las elecciones del pasado 12 de mayo, y que aspira a presentarse de nuevo ante las bases para dirigir una etapa nueva del partido a partir de noviembre, está viendo alejarse cada vez más la opción de ser cabeza de lista, llegado el caso de que se produzcan nuevas elecciones.

Si fallasen finalmente las negociaciones entre ERC y el PSC para investir al socialista Salvador Illa, algo con lo que el PSOE no cuenta a día de hoy, el bloqueo entre partidos en el Parlamento catalán abocaría necesariamente a unos nuevos comicios en otoño.

Nadie maneja los otros dos escenarios posibles: una Generalitat con Illa al frente y el apoyo del PP, Vox y los Comunes, y otro con Carles Puigdemont como presidente de nuevo, entre otros motivos porque el PSC lo ha descartado públicamente, y porque sigue huido y al no serle aplicada de momento la ley de amnistía, sería encarcelado nada más entrar en España. La orden de detención del Tribunal Supremo se ha visto reactivada en las últimas semanas.

El problema para ERC, envuelta en un profundo debate interno sobre su liderazgo, su propia identidad como partido subalterno al PSOE, y su estrategia futura, sigue siendo Junqueras. A día de hoy no puede ser candidato después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo rechazase recientemente amnistiar el delito de malversación de caudales públicos y, por tanto, mantener activas las penas de inhabilitación para ejercer cargo público que llevaba aparejada su condena por el 'procés' del 1-O. Esto afecta también a los dirigentes de ERC Raúl Romeva, y de Junts, Jordi Turull.

No se puede amnistiar la malversación

El Supremo entendió que los acusados sí obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el uso de dinero público durante el proceso previo a la declaración unilateral de independencia, y por tanto la propia ley de amnistía sí excluye del perdón definitivo a Junqueras por estimar acreditada la existencia de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

"Es especialmente difícil -decía el Supremo para justificar el mantenimiento de la inhabilitación para Junqueras- conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica”.
Días después, ERC presentó un incidente de nulidad y un recurso de súplica contra la resolución del Tribunal Supremo sobre la amnistía que aún no se ha resuelto, y que es el paso previo a que Junqueras y el resto de condenados puedan presentar más adelante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poner fin a su inhabilitación.

ERC consideró "surrealista" y "un intento claro de saltarse la ley" la interpretación del Supremo, y tildaba la conducta de la Sala de lo Penal "muy grave" insinuando, incluso, que la Sala estaba prevaricando. Lo cierto es que ERC, y también Turull, de Junts, tienen prisa por que se resuelva esta situación ya que mientras el incidente de nulidad no se clarifique -a su favor o en su contra-, el acceso a un recurso ante el TC queda bloqueado.

Y partiendo de la base de que agosto es un mes inhábil, si el Supremo no lo resuelve en lo que resta de julio -lo que es más que improbable-, hasta septiembre u octubre no podrán plantear nada ante el Constitucional. Si las hipotéticas nuevas elecciones fuesen en octubre (que sería la fecha límite), Junqueras apenas dispondría de un mínimo margen para presentarse como cabeza de lista.

Pide acelerar su respuesta

Recientemente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, pidió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no retrase más su respuesta a la cuestión de nulidad que presentó, el 4 de julio, contra la negativa del alto tribunal de concederle la amnistía.

Su abogado, Jordi Pina, en un escrito presentado el día 19, y que publicó ElNacional.cat, solicitó al Tribunal "el máximo impulso procesal" en esta causa, que la ley considera de preferente. Pina acusaba al Tribunal de una "inexplicable pasividad" en la tramitación de su recurso y anunciaba una posible querella contra los magistrados por la posible comisión de un delito de “retraso malicioso” en la tramitación por parte del Supremo. Por el momento, la Sala Segunda del Supremo mantiene esas inhabilitaciones para el ejercicio de cualquier cargo público hasta el año 2030, y por lo tanto son inelegibles.
La queja de los líderes independentistas es que mientras el Supremo no decida sobre los recursos, Turull y Puigdemont no podrán presentar ningún recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que revoque la negativa del Supremo.

De hecho, parten del prejuicio de que con el Supremo no tendrán opción, y en cambio la mayoría afín al PSOE que compone el Tribunal Constitucional, sí levantará sus respectivas inhabilitaciones considerándolos incursos en la amnistía. O, al menos, permitir su inclusión de modo cautelar en eventuales listas electorales hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo de la amnistía y la malversación, lo que podría tardar varios meses más.

De momento, los tiempos de la Sala Segunda, la carga de trabajo y el orden de muchos otros recursos y cuestiones presentadas con anterioridad y pendientes de resolución harán, posiblemente, que hasta septiembre como mínimo no pueda haber un primer pronunciamiento.

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