Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Begoña Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que, tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés --que contaba con cartas de recomendación de Gómez--, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación.
Peinado, en un auto firmado esta misma semana, respondía a esas dudas señalando que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con este que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
La última polémica que rodea el caso se trata de la decisión de la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, quien autorizó que la investigada accediese a los juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje “atendiendo a razones de seguridad y para prevenir así cualquier incidente de inseguridad a la entrada de los juzgados”. Sin embargo, más tarde, el juez autorizó que se grabase durante la sesión la imagen y el sonido.
La seguridad de Moncloa temía que ciudadanos alentados por algún tipo de organización o agitador pudieran concentrarse a las puertas de la sede judicial, donde también se daban cita numerosos profesionales de los medios de comunicación. Las sospechas de Presidencia del Gobierno se han cumplido y este jueves la asociación Hazte Oír, personada en la causa como una de las acusaciones populares, ha instado a sus seguidores a acudir a Plaza de Castilla minutos antes del inicio de la declaración de Begoña Gómez, agendada a las 10:00 horas. Sin embargo, la Delegación de Gobierno en Madrid ha desautorizado la protesta al encontrarse la solicitud fuera de plazo.
Dispositivo policial en Plaza Castilla: más policía y seguridad privada
El refuerzo policial y de seguridad privada ha sido palpable en Plaza Castilla respecto a otras comparecencias. Antes de la llegada de Begoña Gómez, se inspeccionó de forma minuciosa toda la zona, tanto la entrada del edificio como en su interior, y “en todo momento” el responsable del dispositivo de carácter privado “estará pendiente de que no suceda ningún inconveniente que afecte a la seguridad” de las instalaciones.
En el interior del edificio, estuvo acompañada por un especial “dispositivo de seguridad”, en palabras de la jueza decana. La esposa del presidente del Gobierno, como es habitual, también estuvo protegida por escoltas de la Policía Nacional que forman parte de la seguridad de Moncloa. En total, más de 200 agentes, 21 furgonetas, un helicóptero y drones para la protección de la esposa del presidente.
En los juzgados se encontraban dos grupos de Unidad de Intervención Policial (UIP) y otro más del Grupo de Acción Rápida (GAR). Cada grupo aporta 7 furgones y 50 agentes, por lo que hay cerca de una veintena de las conocidas como 'lecheras' y 150 agentes en esos grupos. También se han contabilizado una decena de agentes de seguridad ciudadana en cuatro patrullas. Además, alrededor de 8 policías de agentes de información, junto a un helicóptero y un dron, que contaban con dos agentes cada vehículo.
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