El pasado 12 de mayo se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña. Se preveía la victoria del Partido Socialista y así fue, pero no con la mayoría que esperaba. El candidato del PSC, Salvador Illa, se quedó muy lejos de la mayoría absoluta, que en el parlamento catalán es de 68 escaños. Illa consiguió 42, siete más que Carles Puigdemont. Con los números en la mano, se podía constituir una mayoría constitucionalista si a los 42 escaños del PSC se sumaban los 15 del Partido Popular y los 11 de Vox. Entre los tres suman los 68 escaños necesarios para investir al presidente.

Pero una cuenta como esa no sirve de nada en Cataluña ya que hace tiempo que se dejó de hablar de bando constitucionalista. El PSC es un partido nacionalista más, por lo que lo previsible era que buscase una alianza con ERC o con Junts. Ambos son socios del Gobierno en Madrid. Pedro Sánchez puede gobernar gracias a sus votos. Eso eliminaba de plano cualquiera acuerdo en Cataluña que no fuese con independentistas. A partir de aquí cabían dos posibilidades: la primera que Illa llegase a un acuerdo con Puigdemont, pero ese acuerdo solo era posible si Puigdemont se quedaba con la presidencia. La segunda que firmase un pacto de legislatura con Esquerra, que salió muy perjudicada de las elecciones de mayo. Perdió 13 escaños y casi un 30% del voto con respecto a las anteriores.

Los nacionalistas catalanes llevan años quejándose de la financiación de aquella autonomía. Insisten en que Cataluña aporta mucho más al Estado de lo que recibe de él

La primera de las posibilidades se eliminó desde el principio. Y no ya porque fuese injusto, sino porque el PSOE, ayuno de poder regional desde las elecciones del 28-M, quería recuperar una región grande con capacidad para alimentar a un pesebre numeroso. Esgrimieron que lo lógico era que gobernase la lista más votada ignorando al mismo tiempo que la de Pedro Sánchez no fue la lista más votada y ahí le tenemos como presidente del Gobierno. Quedaba por lo tanto la opción de ERC, un partido que se encuentra en crisis y que necesitaba mostrar a los votantes soberanistas que su vía gradual a la independencia es mucho más práctica y segura.

Esta es la base del acuerdo que se alcanzó esta semana. Un acuerdo que contempla varios puntos, pero que hace énfasis en el aspecto fiscal. Los nacionalistas catalanes llevan años quejándose de la financiación de aquella autonomía. Insisten en que Cataluña aporta mucho más al Estado de lo que recibe de él. Algo estrictamente cierto en tanto que Cataluña es una región rica. A falta de que conozcamos el texto final del acuerdo, lo que sí sabemos es que se trata de extender el régimen foral que impera en el País Vasco y Navarra a Cataluña. Esto se traduce en que la Generalidad de Cataluña podrá recaudar todos los impuestos que soporta la región. Hasta ahora recauda los autonómicos, desde el año próximo se encargará de recaudar figuras muy jugosas como el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades.

La mayor parte del dinero recaudado se quedará en Cataluña, como la mayor parte de lo recaudado en Navarra o en el País Vasco se queda en esas regiones. Lo que hacen los Gobiernos vasco y navarro es llegar a un acuerdo anual, que en el caso del País Vasco se conoce como concierto y en el de Navarra como convenio. En estos acuerdos se fija un cupo, es decir, una cantidad de dinero que se entrega al Estado, a modo de compensación por las inversiones que el Estado hace en aquellas regiones. Es un sistema de financiación excepcional que se justifica sobre fundamentos históricos.

En España, la Constitución dejó de preocupar al Gobierno hace ya tiempo. Ahí tenemos el caso de la ley de amnistía, que es abiertamente anticonstitucional, pero que ha pasado por el Congreso de los Diputados sin problemas

La Constitución reconoce la excepcionalidad vasco-navarra en una disposición adicional que dice textualmente: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

En tanto que Cataluña no se considera un territorio foral, no puede acogerse a esta disposición. Esa es la razón por la que, a raíz del anuncio de este acuerdo, muchos han dudado de su constitucionalidad. En España, la Constitución dejó de preocupar al Gobierno hace ya tiempo. Ahí tenemos el caso de la ley de amnistía, que es abiertamente anticonstitucional, pero que ha pasado por el Congreso de los Diputados sin problemas. El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Tribunal Constitucional, está al servicio de Pedro Sánchez, que se siente libre para hacer lo que le venga en gana.

La cuestión, por lo tanto, no es si es mejor que las autonomías tengan capacidad para recaudar todos los impuestos, o si estos deben ser recaudados en su integridad por el Estado. Ese es sin duda un interesante debate que en España se ha venido librando a lo largo de los últimos 40 años. Yo personalmente estoy a favor de que las autonomías recauden los impuestos, ya que la mayor parte del gasto les corresponde a ellas, pero eso es irrelevante aquí. La cuestión es que existen dos regímenes fiscales en España, el común y el foral, y es el primero el que está en riesgo en tanto que Cataluña es una de las principales aportadoras al sistema.

Solo hay tres comunidades autónomas, que aportan más de lo que reciben. En 2021, y según datos de Fedea, la Comunidad de Madrid, aportó 6.313 millones más de los que recibió, Cataluña 2.168 millones y las Baleares 334 millones. El resto de las comunidades autónomas son receptoras netas. Las autonomías del régimen común ingresan en una caja única una parte de su recaudación tributaria (el 50% del IRPF y del IVA, y porcentajes variables de otros impuestos) y con ese dinero el Estado realiza inversiones en todo el país.

Todo el peso recaería entonces sobre Madrid y Baleares, especialmente sobre Madrid que es, con diferencia, la que más aporta a la caja común, aproximadamente el 25% de su recaudación

Si Cataluña sale del régimen común el sistema queda herido de muerte. El Estado se podría despedir de unos 25.000 millones de euros que es, a grandes rasgos, lo que extrae de Cataluña para luego proceder al reparto por toda España. Todo el peso recaería entonces sobre Madrid y Baleares, especialmente sobre Madrid que es, con diferencia, la que más aporta a la caja común, aproximadamente el 25% de su recaudación. Ese excedente se dirige a las comunidades autónomas más pobres y pobladas. La que más recibe en términos absolutos es Andalucía seguida de Galicia y Castilla y León.

Las quejas estériles de Page y Lambán

Si se quiere mantener el mismo sistema de financiación recaería sobre los contribuyentes madrileños y baleares una sobrecarga considerable. También podría dejarse todo como está y que el Estado gastase menos en el conjunto del país, que es probablemente lo que suceda. Con menos fondos para redistribuir, ciertos servicios públicos como la sanidad o la educación en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia se resentirán. Esto mismo es lo que han denunciado los inspectores fiscales y algunos barones socialistas como Javier Lambán y Emiliano García-Page, pero las quejas de estos últimos quedarán en nada. El primero perdió el poder hace un año y bastante tiene con sobrevivir al frente de la secretaría general del PSOE aragonés. El segundo, que gobierna con mayoría absoluta, tiene más capacidad de presión, pero no parece por la labor de desafiar a Pedro Sánchez; quizá porque espera heredar su cargo, o quizá porque no tiene del todo claro que sus hombres le vayan a secundar en el caso de que decida declarar la guerra a Sánchez.

Entretanto, lo que tenemos es al Gobierno asumiendo una vez más el relato independentista que se resume en que Cataluña y España son dos Estados distintos que han de negociar de forma bilateral y en plano de igualdad. Para los de ERC el acuerdo es un triunfo que podrán exhibir dentro de Cataluña. Han conseguido el acuerdo fiscal que perseguía Artur Mas hace años con alguna propina como el reconocimiento de las selecciones deportivas, una vieja reclamación de los independentistas catalanes que podría conducir a que en los Mundiales de fútbol Cataluña concurra por su cuenta como hace Escocia. Eso sí, los equipos escoceses no juegan en la Premier League inglesa. Queda, por lo tanto, en el aire si el Barça saldrá de la liga española y tendrá que medirse los domingos con equipos de menor fuste como el Girona, el Lleida o el Sabadell.

Dinamitar la caja común tendrá consecuencias dramáticas para lo que se conoce como solidaridad interterritorial, algo de lo que el PSOE siempre ha hecho gala

Lo de las selecciones deportivas podrá ocasionar algún que otro lamento entre los aficionados, especialmente los del Barça, pero dinamitar la caja común tendrá consecuencias dramáticas para lo que se conoce como solidaridad interterritorial, algo de lo que el PSOE siempre ha hecho gala. Pero al final todo va de conservar el poder al coste que sea. Mantenerse en la Moncloa pasa por complacer a los socios que le franquearon la puerta el año pasado. Dos socios, por cierto, no demasiado bien avenidos.

ERC y Junts compiten a brazo partido por el electorado independentista. Ambos aspiran a lo mismo, pero difieren en los tiempos y en el método. Mientras que los esquerristas se muestran más pacientes y apuestan por una independencia a plazos, los de Puigdemont lo quieren todo y lo quieren ya. A la luz de los resultados en las autonómicas (Junts tiene 35 escaños frente a los 20 de Esquerra), los votantes independentistas se decantan por la versión más radical y expeditiva. Sánchez negocia con ambos en función de lo que necesite. Es un equilibrio difícil que hasta ahora ha sabido mantener, pero basta con que uno de ellos decida romperlo para que todo caiga como un castillo de naipes.

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