Una de las prioridades fijadas por el Gobierno valenciano para la presente legislatura es la del impulso de viviendas públicas para conseguir rebajar el precio de venta en el mercado. Este reto se contiene en el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública que ha sido presentado hoy por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta primera, Susana Camarero.
En total serán 10.000 viviendas las que se construirán a precios asequibles y que se impulsarán gracias al acuerdo en el marco del Plan Vive al que se han adherido más de 200 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Mazón ha explicado que con el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) “damos un paso más en nuestro compromiso con la legislatura de la vivienda al aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario”.
Corregir el mercado inmobiliario
El presidente ha señalado que el objetivo de este nuevo decreto es “actualizar la normativa al escenario actual para favorecer que la vivienda de protección pública sea una opción posible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos que demanden una nueva residencia y corrija la situación del mercado inmobiliario en la Comunidad Valenciana tras años de inacción en esta materia”.
Una de las principales novedades es que el decreto establece la obligación de que todas las promociones VPP, tanto públicas como privadas, "contengan una reserva mínima del 40% para menores de 35 años”, ha indicado el jefe del Consell.
Camarero, por su parte, ha hecho hincapié en que gracias a esta nueva normativa también se podrán beneficiar "las familias monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o víctimas de violencia de género".
El reglamento presentado hoy en Valencia incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años.
Niveles de protección
En la elaboración del decreto han participado instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil que en los últimos años han destacado la falta de oferta de viviendas. El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha hecho que entre 2015 y 2023 “el precio del alquiler aumentó en un 90% y el de compra en un 49%”, ha recordado Mazón.
El nuevo reglamento va a mantener el carácter permanente para todas las viviendas de titularidad pública, al tiempo que establece distintos niveles de protección.
El periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
Módulo pionero
El nuevo decreto va a desplegar un nuevo sistema para la fijación de precios máximos. Se trata de un módulo dinámico pionero en España que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana.
Carlos Mazón ha explicado que “este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias”.
Igualmente, ha garantizado que “el precio de venta para las viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana esté siempre situado por debajo de los precios de mercado para la vivienda libre”.
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