Ante el aumento de la inseguridad que experimentó Barcelona durante los gobiernos de Ada Colau, los comunes solían defender que la izquierda debía aplicar su propio modelo de seguridad, alejado del punitivismo que atribuían a la derecha. Una filosofía que ha retornado de la mano del Ejecutivo de Collboni, que ha puesto en marcha en el último mes una nueva fórmula para tratar de frenar los robos en la capital catalana sin reforzar el número de agentes. Según informa La Vanguardia, el Consistorio ha impulsado un plan piloto que ofrece asistencia jurídica gratuita a las víctimas de robos cometidas por ladrones multirreincidentes.
Así, en los casos como hurtos menos graves, robos con violencia e intimidación cometidos por ladrones habituales —los que acarrean más de 500 antecedentes de los cuales la policía posee una lista—, la Guardia Urbana ofrece desde el 19 de agosto emprender acciones legales sin coste. Sin embargo, una de las condiciones del plan, diseñado por la penalista Paz Vallès, es que la víctima sea española y de este modo garantizar su presencia durante todo el proceso judicial —si bien los turistas que regresan al poco a su país son blancos recurrentes de estos robos—.
Mediante el nuevo plan, el consistorio puede pedir prisión o una orden de alejamiento para esta clase de delincuentes. No obstante, aunque el Ayuntamiento ha logrado que dos víctimas de sendos casos se personen en los juzgados, ninguno de los jueces ha decretado prisión para los presuntos autores. En cualquier caso, el convenio firmado destaca que “la multirreincidencia en la comisión de hurtos y robos en los espacios públicos de Barcelona se ha convertido en uno de los fenómenos de mayor sensibilidad para la ciudadanía”, a la que se trata de respuesta desde “distintas “perspectivas”.
Recientemente, la escasez de efectivos para hacer frente al problema de la inseguridad en la Ciudad Condal fue objeto de críticas por parte del PP barcelonés. Su líder, Daniel Sirera, indicó que los 133 nuevos agentes de la Guardia Urbana son “una cantidad insuficiente para llegar a los 1.000 agentes más que necesita la ciudad”.
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