La resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo ha caído como un jarro de agua fría en los puertos de Cádiz. La sentencia tumba definitivamente los acuerdos comerciales de agricultura y pesca de la UE y Marruecos. Las implicaciones en la flota pesquera andaluza son “dramáticas”.
Mala noticia para Marruecos y para España, que cuenta con 92 de las 138 licencias que venían pescando en la zona del Sáhara. De entre los 92 barcos españoles, Andalucía tiene la mayor concentración de embarcaciones que ven cercenada su actividad. Son pescadores de Cádiz, Algeciras, Tarifa, Barbate y Conil. 20 palangres artesanales y 20 de cerco.
Se trata de embarcaciones que pagan la parte por el todo, ya que su pesca es artesanal y no solo no tiene relación con la pesca industrial, sino que “no tiene nada que ver con el Sáhara". Nosotros nunca hemos pescado en el Sáhara, actuamos al norte de Marruecos y en el Estrecho desde hace 70 años”, explica a este medio Manuel Fernández Belmonte, de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE).
La Federación andaluza ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno una mediación con el Reino de Marruecos para no ser integrada en el acuerdo comunitario que afecta a las aguas del Sáhara. “Pero a pesar de las muchas demandas, no hemos obtenido ni una respuesta, solo nos enteramos de algo por la prensa”, lamenta Fernández Belmonte, que afirma que la flota se irá al amarre si no se propician alternativas.
“Nos tienen en jaque”, la única esperanza para la flota andaluza pasa ahora por un aumento de la cuota de pesca de atún rojo en el Estrecho, algo que sí es competencia ministerial.
Cádiz: línea directa con el Sáhara
Como un vaso comunicante directo, la alegría del Frente Polisario ante la resolución del máximo Tribunal europeo tiene su contrapartida en Cádiz. “Es muy negativo”, valora Nicolás Fernández, secretario general de la Cofradía de Pescadores de Cádiz, Fecopesca. Entre sus representados se acumulan embarcaciones artesanales cuya actividad se ha englobado con los grandes navíos de pesca industrial que sí operan en el caladero saharaui.
“Esto afecta de una manera muy especial a la ciudad y al puerto de Barbate, es una injusticia”, por verse afectados por cuestiones que nada tienen que ver con ellos, ya que ni siquiera frecuentan la zona del Sáhara.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía instan al Gobierno de España a que sea proactivo y “tome cartas en el asunto” y que contribuya a que se retomen cuanto antes las negociaciones para lograr “un nuevo acuerdo en el que no se perjudique a la muy mermada flota andaluza”.
Un acuerdo que ya venía viciado
Las malas noticias provenientes de Bruselas se indigestan este viernes en Moncloa. El protocolo de pesca ya había expirado el pasado 17 de julio de 2023, la actividad estaba en standby desde entonces. Marruecos y España, con el visto bueno de la Comisión Europea habían establecido acuerdos y pactos. Pero en la mesa siempre hubo un gran ausente: el Sáhara.
El Frente Polisario celebra como un triunfo la sentencia del TJUE, reseñan que cualquier pacto requiere el "consentimiento" saharaui. El Polisario reclama su relevancia e interlocución ante un Reino de Marruecos que ningunea –como término más suave- y ante España y Francia, que han validado la postura de la casa alauita en respecto al Sáhara, antigua colonia española.
Los pescadores andaluces han venido organizándose para ser indemnizados con carácter retroactivo desde 2023. Pero esa indemnización global por pérdida de caladero ha sido una exigencia insatisfecha ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sin sorpresas
A pesar de la relevancia e impacto de la noticia, pocos han sido los sorprendidos por la sentencia del TJUE. En julio de 2023 expiró el protocolo de pesca que abría las aguas del Sáhara Occidental a la flota comunitaria por un coste de 208,7 millones de euros. Los caladeros saharauis que se encuentran entre entre Sidi Ifni y Tarfaya, representan más del 90% de las capturas permitidas.
Oficialmente, Bruselas no ha variado su posición respecto al Sáhara Occidental, por mucho que España, la antigua metrópoli haya validado con su beneplácito las actuaciones del Reino de Marruecos.
Ya en septiembre de 2021, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea invalidó los acuerdos de agricultura y pesca que venían avalados por el Parlamento de Bruselas. Sentencia que repetía otra anterior del Tribunal General –de orden inferior- en 2016 que, sin embargo, había sido ignorada. Ahora, el TJUE obliga a tener en cuenta los intereses saharauis y la Justicia europea se aleja de la realidad política española de hechos consumados.
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