Nada nuevo a pesar de las esperanzas con la que la comitiva de ocho alcaldes y representantes de la Junta de Andalucía acudieron a Madrid para citarse con el ministro de Exteriores José Manuel Albares. De hecho, los mandatarios locales han confirmado sus peores expectativas.
Se empezará a aplicar los controles biométricos de acceso y salida del Peñón de Gibraltar. Se oficializa así la frontera de territorio Schengen que se querían evitar, con las dificultades y colas que este sistema conlleva. Los controles estarán operativos a partir del 10 de noviembre. A partir de entonces, comienza a operar la frontera dura: esto se traduce en que los gibraltareños solo podrán permanecer dentro de España por un periodo de 90 días dentro de un periodo de 180 días. Según Moncloa, no habrá implicaciones en este sentido en la estancia de ciudadanos españoles en Gibraltar.
Consultados los regidores de los municipios del Campo de Gibraltar, la situación es de decepción. “Esto tendrá unas repercusiones importantes para nuestra economía”, lamenta el alcalde de La Línea de la Concepción, la única localidad europea que comparte frontera terrestre con Gibraltar y que tendrá que convivir con una valla que, si ya era una incomodidad, ahora lo será aún más.
“Ahora más que nunca necesitamos trabajar juntos”, decía Albares tras la reunión con los alcaldes, pero ante su llamada ha encontrado incomodidad. Nada nuevo han percibido en la comitiva andaluza. El ministro de Exteriores confirma que la dilación tiene que ver con Londres, “ya es hora de que el Reino Unido diga que sí a un acuerdo que proponemos que es equilibrado y generoso que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo”.
Albares propone que Gibraltar esté integrado dentro del espacio Schengen, pero Londres arrastra los pies, sobre todo porque no quieren perder el control fronterizo en su puerto y aeropuerto, que pasaría a ser gestionado por agentes de Frontex.
Los alcaldes exigen certidumbres
Cada día atraviesan la Línea de la Concepción unas 15 mil personas que lo hacen para trabajar en el Peñón. En su gran mayoría son campogibraltareños. Ante esta realidad, el representante de la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia Antonio Sanz lamenta que, tras años de espera, siga sin haber avances. La Junta insta a Moncloa a trabajar con un plan B, dando por hecho que Londres no está dispuesto a ceder, por mucho que les pese a los británicos en Gibraltar.
Sanz ha concretado la necesidad de crear a través de Europa un Estatuto Fiscal Especial para el Campo de Gibraltar que permita que, en materia fiscal, “se equilibren las posiciones de una zona a diez metros de otra, donde claramente -los municipios andaluces- están en desventaja y competencia desleal para atraer inversiones".
La Junta lleva años poniendo sobre la mesa la necesidad de regular con Gibraltar la disparidad de criterios de gestión medioambiental, que tiene que ver con la gestión de residuos en el Peñón, la gestión del agua o la ampliación de superficie con relleno de tierra, motivos que elevan la tensión en la convivencia con las normas andaluzas.
Alcaldes inquietos
“Tenemos inquietud”, ha confesado José Ignacio Landaluce (PP), el alcalde de Algeciras, la principal ciudad andaluza y el primer puerto del Sur de Europa que tiene que convivir con un rival incómodo en Gibraltar. "Si vamos a tener un acuerdo con Gibraltar tiene que ser un buen acuerdo, que permita deshacer algunos de los puntos si transcurrido el tiempo se ve que algunas de las decisiones acordadas son perjudiciales para los intereses de los campogibraltareños”.
La competencia desigual para atraer empresas y ofrecer sueldos a ambos lados de la valla es una de las cuestiones recurrentes cuando se habla de la frontera con el Peñón. “Nuestras empresas están angustiadas, no saben contra qué van a competir dentro del momento que se firme el acuerdo, en qué condiciones, con qué garantías de igualdad”, confiesa el regidor de Algeciras.
En el mismo sentido se expresa el alcalde de La Línea de la Concepción, la localidad que más directamente va a convivir con la frontera dura. Juan Franco denuncia el “dumping fiscal” que obliga a que, en gran medida, los trabajadores de La Línea se vean obligados a optar por empleos de baja cualificación al otro lado de la valla, en Gibraltar.
La sexta reunión entre los representantes territoriales del Campo de Gibraltar y el Gobierno debía informar sobre los avances en las negociaciones, tras la cita de septiembre de Bruselas, una cumbre en la que estuvieron presentes los ministros de Exterior de España, Reino Unido, Comisión Europea y las autoridades de Gibraltar, pero nadie representó al Campo de Gibraltar, la región andaluza en la que el Peñón está inserta y en la que ejerce una considerable influencia socioeconómica.
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