Como es sabido, uno de los escenarios donde se libró el 'procés' fue en el extranjero. Y aunque tanto la Unión Europea como los principales líderes políticos internacionales se mostraron críticos con el desafío secesionista, sus tesis tuvieron un recorrido considerable de puertas afuera. Ello se debió, como explicó Juan Carlos Cardenal en 'La telaraña' (Ariel), al gran cúmulo de recursos financieros y humanos destinados a la cuestión por la Generalitat -aunque también a la incomparecencia del Gobierno de Rajoy-. Ahora, un separatismo pendiente de la aplicación de la ley de amnistía parece decidido a reflotar el "conflicto catalán" en la esfera internacional.
Por una parte, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), liderado por el cantautor Lluis Llach, envió el pasado viernes un informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para denunciar la "criminalización" que, asegura, padece el separatismo catalán en España.
Así, en el dosier -que se evaluará en la revisión periódica del Reino de España en 2025-, la Asamblea carga contra la "interpretación distorsionada de la amnistía" realizada por el Estado. Y es que, pese a que la norma excluye los casos de "tortura y tratos inhumanos y degradantes", la entidad lamenta que haya cubierto a "51 policías españoles acusados de violencia desproporcionada contra manifestantes pacíficos" durante el referéndum ilegal de 2017.
Pero la supuesta demonización del movimiento no termina ahí. El 'lobby' mantiene que, "pese al carácter pacífico del independentismo catalán, las autoridades españolas han acusado falsamente a los activistas de violencia, tachándoles de terroristas". Y, como ejemplo, cita a la docena de CDR procesados en la Operación Judas por planear un asalto al Parlament con explosivos de fabricación casera. Además, culpan al Gobierno de "vulnerar el derecho a la intimidad, con el uso de herramientas de espionaje ilegales contra el movimiento catalán" -cabe decir que el estudio de CitizenLab en el que se basan las acusaciones ha sido cuestionado por el mundo académico por su falta de rigor-.
Por último, la ANC protesta por la sentencia judicial de 2015 que obliga a que el 25% de las clases en la Educación catalana sean en castellano -de manera que esta lengua sea vehicular junto al catalán-. Y pese a que la Generalitat creó una norma para burlar el fallo y no ha llegado a aplicarse, el documento critica los "obstáculos" que ha ocasionado al monolingüismo en catalán.
Mientras, el otro gran 'lobby independentista', Ómnium Cultural, ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el "boicot judicial" a la aplicación de la ley de amnistía. Según Ómnium, estos hechos "no solo suponen un ataque a la democracia, sino que también pretender disuadir de cualquier intento de justicia". "Es una nueva muestra de represión política", sentencian. Ante esta situación, el colectivo aboga por multiplicar las solicitudes de amnistía en todas las instancias posibles, combinadas con una "fuerte presión social", tanto a "escala nacional como internacional".
Ambas iniciativas coinciden con la difusión de la ponencia de Junts 'Esperanza y Alternativa', que será votada en el congreso convergente de finales de octubre. El texto, tras constatar que la "República Catalana aún no es una realidad", subraya la necesidad de entroncar la "nación catalana" en el "mundo global" a través de las relaciones internacionales tejidas por sus representantes. Y hace hincapié en el "inequívoco" compromiso de Cataluña con una Europa que reconozca su soberanía. Este afán por internacionalizar la causa nacionalista también figuraba en el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para la investidura de Sánchez, en el que se reclamaba la "participación directa" de Cataluña en la UE y demás organismos internacionales.
Pese a todo, el empeño de los nacionalistas en airear la "opresión" española fuera de nuestras fronteras no está cosechando mucho éxito en los últimos tiempos. A finales de septiembre, la Justicia europea avaló haber dejado sin escaño a Puigdemont en 2019, lo que complica que Toni Comín pueda acceder en un futuro al suyo en la Eurocámara. Y antes, en mayo, el mismo tribunal rechazó que España hubiese vulnerado los derechos del 'expresident' Artur Mas durante la consulta del 9N de 2014.
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