El entorno de Pedro Sánchez recomienda a su esposa, Begoña Gómez, que refuerce su estrategia jurídica que dirige en solitario el exministro del Interior, Antonio Camacho. La recomendación parte, según fuentes cercanas al presidente, de la "necesidad" de que incorpore a algún otro abogado "más experto" en los temas por los que se investiga a Gómez. El juez Juan Carlos Peinado, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, le investiga por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El consejo hacia Gómez, según esas mismas fuentes, no es nuevo. Pero la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de no archivar la causa, en contra del criterio que defendía su defensa, y la de la Fiscalía, que este lunes ha optado por oponerse la querella que la esposa del presidente ha presentado contra el juez Peinado, han provocado que se intensifiquen esas voces que apuestan porque Begoña Gómez cuente con otro abogado, además de Camacho, que "tenga con más experiencia en los delitos que se le imputan".
Aunque Pedro Sánchez sigue defendiendo en público y en privado la inocencia de su mujer y que la investigación "se va a archivar", mensaje que repiten también algunos de sus ministros, acusando incluso a los jueces de actuar como oposición, en palabras del titular de Transportes, Óscar Puente, la sensación que hay en Moncloa y en Ferraz es que la situación "no está controlada". Y preocupa que todas las previsiones hasta ahora, respecto al archivo de la causa, han fallado. Lamentan, además, que "todos nos hemos mojado mucho para defenderla", algo que les puede volver como un boomerang. La ministra portavoz, Pilar Alegría, llegó a tergiversar hace una semana, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, el auto de la Audiencia Provincial en el que daba luz verde al juez Peinado para que siguiera investigando a Gómez -aunque acotando el objeto de las investigaciones-.
La Fiscalía se opone a la querella
La Fiscalía de Madrid, este lunes, ha mostrado su oposición a la admisión a trámite de la querella formulada por Begoña Gómez contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado. La esposa del presidente, unos días más tarde que la Abogacía del Estado, acudió a los tribunales para acusar de prevaricación contra el magistrado que le mantiene imputada y que le ha tomado declaración en los juzgados de Plaza de Castilla.
La defensa de Begoña Gómez se querelló contra Peinado por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y/o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados, así como por otro delito continuado de prevaricación. El Ministerio Público, que sí se mostró favorable a tramitar una querella similar impulsada por la presidencia del Gobierno, por su empeño en acudir a Moncloa a tomar declaración a Sánchez, considera que no da lugar a tramitar la petición de Begoña Gómez.
"En este momento, y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella (...), no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite", ha informado la Fiscalía en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los fiscales han razonado, también, que el delito de prevaricación exige, por un lado, un elemento objetivo consistente en que la resolución judicial cuestionada "pueda calificarse de injusta" y, por otro, un elemento subjetivo: "que se dicte a sabiendas, de forma dolosa".
De hecho, el Ministerio Público opina que una parte importante de lo que alega Gómez en su querella contra Peinado ya quedó resuelto por la Audiencia Provincial, el pasado 7 de septiembre, cuando los magistrados rechazaron su petición para archivar la investigación contra ella.
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