La Sala Tercera del Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, apreció en sentencia de noviembre de 2023 una evidente desviación de poder en la propuesta con la que el fiscal general del Estado pretendía promover a Dolores Delgado como fiscal de Sala. En una sentencia sin precedentes, el Supremo sostuvo que la designación no atendió a razones de mérito, sino que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, hizo un uso abusivo de su poder para favorecer a su antecesora.
Más recientemente, julio de 2024, el alto tribunal declaraba nula la ejecución realizada por García Ortiz de la anterior sentencia, al considerar que el fiscal general del Estado contravino el fallo de la Sala Tercera al retrotraer las actuaciones administrativas a un momento del procedimiento anterior al que se había establecido en dicha resolución. Un nuevo revolcón.
A esta decisión, hay que añadir la anulación por parte del Alto Tribunal del posterior nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal de Sala de Memoria Democrática, y el rechazo, por extemporáneas, de las recusaciones que García Ortiz planteó contra los magistrados que debían decidir sobre su nombramiento como fiscal general del Estado. Cuatro varapalos en un breve lapso de tiempo; cuatro sobradas razones para dimitir cuando de quien estamos hablando es de uno de los representantes del Estado cuyo comportamiento debe guiarse por el más escrupuloso respeto a la ley.
Hace tiempo que García Ortiz debiera haber dimitido. Pero tras la decisión de la Sala Penal del Supremo de abrir causa contra él por revelación de secretos, su renuncia no es solo políticamente ineludible; es que su permanencia en el cargo sería, será, una ultrajante prueba de la imperfección de nuestra democracia. Al estimar por unanimidad la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e iniciar una investigación contra el fiscal general por la nota informativa que emitió la Fiscalía sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el Supremo, que también se declara competente para investigar a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una “conexión inescindible” con el comportamiento de su superior jerárquico, actúa como garante de los derechos constitucionales de un particular frente a quienes podrían haber incurrido en un delito que encaja en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad que revele secretos que no deban ser divulgados con penas de prisión que van de uno a cuatro años de cárcel. Poca broma.
El Supremo alude en su escrito al artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad que revele secretos que no deban ser divulgados con penas de prisión que van de uno a cuatro años de cárcel
Desde hoy, García Ortiz tiene el dudoso honor de ser el primer fiscal general en activo al que se le imputa en una causa penal. Peor aún: de ser el primer fiscal general que desprecia la jerarquía judicial en favor de intereses tan personales como partidistas y se niega a dimitir con el grotesco argumento de que su continuidad “es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”.
La realidad es que, en sintonía con el previo aviso de Pedro Sánchez, quien ya nos comunicó en su día que, fuera cual fuera la decisión del Supremo, el fiscal general iba a seguir contando con su apoyo, García Ortiz ha optado por convertirse en el primer abogado defensor del presidente del Gobierno. La decisión de mantenerle en el cargo, dañando gravemente la credibilidad de la institución, solo tiene una posible explicación: la necesidad que tiene el presidente del Gobierno de contar con un dócil aliado en la cúpula de la Fiscalía ante el oscuro horizonte judicial de familiares, antiguos conmilitones y quién sabe si el suyo propio.
La continuidad de García Ortiz no es solo un nuevo episodio del más infecto nepotismo; es sobre todo una muestra elocuente del nivel de degradación de la democracia al que está dispuesto a llegar Sánchez para salvar el pellejo.
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