El 5 de julio de 2021, solo cinco días antes de ser destituido por Pedro Sánchez como ministro de Transportes, José Luis Ábalos ordenó una transferencia por un importe de 5.000 euros con destino a Have Got Time S.L., la empresa propietaria del chalet que integra la trama de hidrocarburos por la que Víctor de Aldama permanece en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre. La UCO establece en sus investigaciones sobre el 'caso Koldo', instruido en la Audiencia Nacional, que el hoy diputado del grupo mixto disfrutó de la vivienda a cambio de su intercesión en contratos con la red. Los agentes de la Guardia Civil consideran en uno de sus informes remitidos al juez Ismael Moreno que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, próxima a Sotogrande, comprado por Aldama a través de otros supuestos testaferros "para el propio exministro". Sin embargo, no hay mención alguna a que Ábalos pagó en concepto de alquiler del inmueble un total de 7.500 euros en sendas transferencias, la inicial de 5.000 euros y una segunda, de 2.500 euros, ordenada a las 8:42 h. del día siguiente, 6 de julio. En ambas, el concepto, 'Alquiler julio la Alcaidesa', deja pocas dudas sobre el destino de esos pagos.
Los justificantes de ambas transferencias forman parte de la documentación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, que el también exsecretario de Organización del PSOE prevé presentar ante el Tribunal Supremo ante la eventualidad de que sea imputado en la causa y, por tanto, esta pasará al Alto Tribunal dada su condición de aforado. En este sentido, Ábalos descarta por completo la posibilidad de renunciar al acta de diputado, convencido de que podrá defenderse con mayores garantías ante un tribunal de una instancia superior.
En cualquier caso, los documentos que reserva Ábalos para el Supremo ("si llega") serían esgrimidos por el exministro "cuando procesalmente se le permita", del mismo modo que tiene intención formular alegaciones a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pide su imputación, al estimar que esta incluye un cúmulo de "valoraciones y datos imprecisos", según fuentes de su entorno.
Justificantes de dos transferencias y un requerimiento de pago
Además de los recibos de las transferencias efectuados a principios de julio, esta documentación incluye una carta (12 de octubre de 2021) de un despacho de abogados de la población de de Puerto de Sagunto (Valencia) que, en nombre de Have Got Time S.L., le reclama el pago de "las rentas de alquiler correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 (...) pactadas en el contrato de arrendamiento de fecha 1 de julio de 2021. En la misiva, el letrado, en nombre de la sociedad representada, le ofrece "resolver el contrato de arrendamiento y condonarle la deuda pendiente, si uste le devuelve la posesión de la vivienda en el plazo de veinte días desde el recibo de la presente".
Notificación de embargo de la Agencia Tributaria y abono de una deuda de 65.557 euros
Además, entre los papeles también se cuenta una diligencia de embargo, fechada el 8 de febrero de 2023, en el que la Agencia Tributaria otorgaba a Ábalos diez días de plazo para concretar el estado de las cuantías "objeto del embargo o que, en su caso, señalara "el motivo por el que no se puede dar cumplimiento a la orden de embargo". Ábalos abonó el pago de la deuda, que ascendía a un total de 65.557 euros (64.431 en concepto real de deuda más 1.145 por intereses de demora) dentro del plazo estipulado por Hacienda, como se refeleja en el documento de pago y el justificante de ingreso consultado por este periódico.
Con anterioridad, la Agencia Tributaria requirió, en el marco del expediente de inspección a la propia empresa Have Got Time, una serie de datos relativos a la relación societaria de Ábalos con la firma. La compañía irrumpió en la última lista de morosos con Hacienda con una deuda de 64,43 millones de euros, según reveló Vozpópuli. Esta empresa fue incluida en el listado de 2023, que recoge a las personas físicas y jurídicas con deudas tributarias superiores a los 600.000 euros al 31 de diciembre de 2022. La respuesta textual girada por el exdirigente sociaista el 13 de julio de 2022 fue la siguiente:
"Habiendo sido requerido por esa Inspección de Hacienda sobre las operaciones comerciales que mi persona hubiera podido mantener con la entidad Have Got Time, cuya actividad deduzco por lo requerido se refiere a la compraventa de hidrocarburos, he de manifestar que no desarrollo ninguna actividad comercial y, por tanto, no he mantenido ninguna relación comercial con la entidad objeto de su inspección.
Mi única relación con la citada entidad se debe a que arrendé un inmueble de su propiedad en el verano de 2021 en La Línea (Cádiz), concretamente desde el 1 de julio de 2021 y por el que aboné tres meses por importe de 7.500 euros, cuyos justificantes de transferencia bancaria adjunto, y que dimos por resuelto por diversas razones como mi disconformidad con respecto al estado del inmueble y otras de carácter personal que me llevaron a la resolución del
arrendamiento.
Es cuanto tengo a bien informarles".
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