El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que establece un estatuto para la creación de un nuevo organismo: la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Moncloa impulsó esta norma en pleno escándalo de corrupción por el 'caso Koldo' y el 'caso Begoña Gómez'. La idea del Ejecutivo es incentivar a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad y, para ello, otorgarle protección financiera, legal y psicológica si fuera necesario. El problema es que el Gobierno tendrá influencia en este nuevo ente por mucho que lo tilde de 'independiente'.
La propuesta para presidir este nuevo organismo gubernamental partirá del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes cuyo titular en estos momentos es Félix Bolaños. Esta sugerencia deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros y luego aprobada en la Comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Sobre el papel, el nombre de la persona que finalmente dirija este organismo deberá ser fruto de la negociación política, puesto que en la actualidad ninguno de los partidos de la coalición tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja. Pero el problema es el origen: es el Gobierno quien plantea el nombre y quien tiene la iniciativa del nombramiento, sesgada en origen, puesto que es difícil asumir que elegirá a alguien atente contra los intereses del gabinete que le quiere desginar.
Además, en el momento en que algún partido político logre en unas elecciones una mayoría absoluta ya no será necesaria ninguna negociación al respecto. De manera que esa futura Autoridad Independiente será, una vez más, un ente al servicio del Gobierno de turno. La Autoridad, según explica el Ejecutivo, estará integrada por una Presidencia y una Comisión Consultiva, así como por un Departamento de Protección del Informante, un Departamento de Seguimiento y Régimen sancionador, y una Gerencia.
El estatuto que aprobó el Gobierno reconoce la autonomía de esta Autoridad, y sobre el papel, marca "el deber de actuar siempre con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada", según explican fuentes del Ejecutivo. Estas mismas fuentes precisan que "ni su personal ni sus miembros podrán recibir ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada".
El problema es que dado el recorrido del Gobierno cabe preguntarse si esto será así. Eso mismo se preguntó el diario The Economist -al que Moncloa acusó de replicar bulos de la derecha- en un duro artículo contra el líder socialista y su forma de gobernar: "Sánchez también ha colocado a cargos políticos en puestos supuestamente independientes [...] y ha dado instrucciones al abogado del Estado para que se querelle contra el juez que investiga a su mujer". Es más, en ese texto se recoge la opinión de la abogada del Estado Elisa de la Nuez: "Tradicionalmente, España ha adolecido de cierta debilidad en los controles y equilibrios. En los últimos años eso ha empeorado mucho".
Lo cierto es que desde que el PSOE dirige el Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas dependientes de las órdenes jerárquicas de Ferraz y sobre las que tiene gran influencia. Esta situación supone una afrenta a la independencia de esos entes. Quizá una de las más afectadas -y señaladas- sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pero a esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libran algunos de los puestos de representación española en el extranjero más jugosos, como las embajadas ante la OCDE, la ONU y la Unesco. Todos y cada uno de estos organismos y puestos tiene al frente a un 'colocado' por el presidente del Gobierno. Hasta el diario El País difundió un editorial cargando duramente contra los dedazos del presidente: "La progresiva pérdida de credibilidad institucional en la que profundiza cada uno de estos nombramientos tiene consecuencias más allá de la imagen de La Moncloa a corto plazo, que parece no preocupar a Sánchez".
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