El primer comité de crisis del Gobierno, reunido la noche del martes en el Palacio de la Moncloa, tras los primeros destrozos de la DANA en Valencia, rechazó asumir el mando único para coordinar las labores de los cuerpos de emergencia y la ayuda de otras regiones. Una opción que hubiera permitido designar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable máximo de la toma de decisiones. Se trata de una herramienta a la que puede acogerse el Ejecutivo, cuando hay una emergencia en territorio nacional que afecta a más de una comunidad autónoma, activando el nivel 3 de alerta. Durante la pandemia, el Gobierno, a través de un mando único formado por cinco ministros, ya asumió las competencias de las autonomías durante la pandemia del coronavirus. En el aquel caso Moncloa se hizo cargo temporalmente de las competencias en Interior, Defensa y Sanidad a través de un estado de alarma.
La opción de crear un nuevo mando único, cuando se empezó a apreciar la magnitud de la tragedia y que estaba afectado a más de una región, "estuvo sobre la mesa", según explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli. Pero se descartó "para evitar las críticas" ya que "estamos en un estado autonómico". Moncloa, a diferencia de lo que reclaman ahora algunos presidentes de comunidades, principalmente del PP, temía que decretar una medida excepcional de estas características "enfureciera" a los gobiernos afectados. Por lo que optó por mantener en sus manos la gestión de la crisis, asegurándose, así, no tener que responsabilizarse de las críticas directas de los posibles errores.
Pese a no asumir ese mando único, este viernes, Marlaska sí se incorporará en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido a partir del ofrecimiento de Sánchez al presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la segunda reunión del comité de crisis que se ha celebrado en Moncloa. Mazón, sin embargo, lo que pedía era que fuera el Ministerio del Interior quien se pusiera al frente de la gestión de la situación.
Protocolo creado en 2020
Durante la pandemia, con el fin de dar una respuesta más acorde a las necesidades que se estaban produciendo en ese momento, el Ejecutivo aprobó el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Un conjunto de normas cuyo objetivo es "mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional". Dicho plan, según recoge el texto normativo, debe servir "para atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo a las que los planes ordinarios no dan una respuesta específica, incluidas aquellas con baja probabilidad de que sucedan, pero de muy alto impacto".
Andalucía también pide un mando único
Como Carlos Mazón, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, manifestó este jueves que la situación vivida durante la semana es de "emergencia nacional" y reclamó precisamente la coordinación por parte del Ministerio del Interior. Moreno indicó que se trata de una DANA "muy peligrosa" que ha afectado a Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia y que parece que a partir de ahora va a actuar en Cataluña. Por tanto, en su opinión, "estamos hablando de una emergencia nacional" que "supera el ámbito provincial y al autonómico".
Esta situación debería conllevar, en su opinión, que desde el Ministerio del Interior se asumiera una coordinación y movilización de recursos estatales. "Hay que tener una especial atención a los instrumentos que después del Covid se pusieron en marcha en el ámbito del estado, que creo que son oportunos y necesarios, como el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil", trasladó Juanma Moreno a los medios de comunicación.
El presidente andaluz recordó que este tipo de catástrofes naturales pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, porque cuando llueve por encima de 150 litros por metro cuadrado, "no hay infraestructura que lo aguante" y mucho menos cuando llueve casi 500 litros, como ha sucedido en Comunidad Valenciana es "incontrolable".
