Los presupuestos de Francia para 2025 están en el limbo tras enconadas discusiones en la Asamblea, donde la furia fiscal de la extrema izquierda y las críticas de los propios macronistas podrían obligar al conservador Michel Barnier a aprobar su plan por decreto, ignorando a los parlamentarios.
Recordemos que el nuevo primer ministro presentó un proyecto de ley que supone el recorte del gasto público en 20.000 millones de euros y un aumento de impuestos- teóricamente para “los más ricos” y las empresas – por un total de 40.000 millones.
Tras un primer debate en la Asamblea Nacional, que se reanudará el 5 de noviembre, los franceses pueden andar perdidos por el alud de propuestas que van desde “impuestazos” que podrían hacer huir del Hexágono a emprendedores y empresas, hasta tasar las bebidas azucaradas, los billetes de avión o aplicar un “malus” a los vehículos no eléctricos.
Para intentar aclarar la situación, Vozpópuli ha requerido la opinión de Agnès Verdier-Molinié, la directora del “think Tank” IFRAP (Fundación para la Investigación sobre las administraciones y políticas públicas), látigo liberal de quienes piensan que el dinero público no es de nadie y de aquellos que durante décadas han tirado de gastos hasta llegar a las cifras que hoy avergüenzan a Francia: un déficit del 6,2 del PIB previsto para 2025; una deuda pública de 2 billones 228 mil millones de euros (112% del PIB), más de 50.000 millones el el pago de intereses de la deuda…
“Se puede recortar gasto público sin subir impuestos”
En conversación telefónica, Verdier-Molinié aclara a Vozpópuli que, en realidad, los presupuestos de Barnier no van a reducir el gasto público en 40.000 millones. Al final, asegura, “habrá un aumento de impuestos que equivaldrá al freno en el gasto. “En el país campeón mundial de impuestos”, afirma, “se podría recortar en gasto público sin subir los impuestos, pero sólo se habla de aumentarlos en vez de centrarse en la manera de reducir la factura pública en un país donde el 57% de la riqueza se dedica a gastos sociales”.
Para explicar cómo es posible que, en Francia, donde se dedica tanto dinero a la educación y a la sanidad, por ejemplo, estos dos apartados estén en crisis, la directora del IFRAP responde que “hay que hacer comprender a los lectores españoles que nosotros, una vez que recibimos el dinero público, nunca consideramos la eficacia del gasto. Por ejemplo, no paramos de crear puestos de funcionarios en todas las administraciones: la del Estado, las de colectividades locales, departamentales (provincia) o regionales. Todo ello supone, cada año, un sobrecoste de 70.000 millones de euros.”
En esta situación de crisis, el IFRAP propone, entre otras medidas, congelar las ayudas sociales y el aumento de sueldo a los funcionarios, no indexar las pensiones hasta final de año, controlar las bajas por enfermedad en el sector público y privado, o cancelar las ayudas a países en desarrollo. Con ello, Verdier-Molinié asegura que se llegaría a un ahorro de 30.000 millones de euros.
Para aquellos que calificarían estas decisiones de “austericidio”, hay que recordar que en este país una simple operación de cataratas en un ojo, o una pequeña intervención en ambulatorio que no te impide caminar, te da derecho a taxi pagado de vuelta a casa; o que un extranjero sin papeles tenga la posibilidad de operarse las orejas de soplillo gratuitamente. Según la Comisión de Cuentas, el agujero llegará en 2024 a los 16.000 millones de euros en la seguridad social.
Francia, en otro apartado sorprendente, destinó como “ayuda al desarrollo” 300 millones de euros desde 2020 a 20024 ¡a China!, y 800 millones cada año a una potencia petrolera y gasística como Argelia.
Fraude fiscal: cinco millones de “fantasmas” subsidiados
Sorprendente es también la cifra del fraude social, estimado oficialmente en 13.000 millones al año, aunque el magistrado Charles Prats, que fue en su día encargado de la lucha contra este delito, calcula que la cifra puede llegar en realidad de 50 mil millones de euros. Según Prats, hay casi cinco millones de “fantasmas” que reciben subsidios sin tener derecho, entre ellos, muchos extranjeros que después de haber trabajado en Francia volvieron a su país y que habrían fallecido sin que el Estado francés haya sido informado. Además, es conocida la utilización fraudulenta de millones de tarjetas sanitarias y el tráfico de recetas médicas para los fármacos más caros, entre otras peculiaridades del “paraíso social francés.”
El aumento de impuestos propuesto por el conservador Michel Barnier ha encontrado el rechazo del sector macronista, que le aupó a la jefatura de gobierno, y también de una parte de su propio partido (“Los Republicanos”). El presidente Emmanuel Macron, que guarda un perfil bajo en asuntos internos y se centra hoy en la política exterior, rompió el domingo pasado su silencio y declaró que no se puede aumentar los impuestos a quienes invierten capital en Francia, por encima de lo que hacen los países vecinos y “si, además, se encarecen las cargas sociales a las empresas, se perderá la visibilidad y la estabilidad que necesita el país”.
Macron presume de haber convertido a Francia en un polo de atractividad para inversores internacionales que los nuevos presupuestos podrían dañar. Verdier-Molinié nos dice que Macron juega mucho con la comunicación: “El número de inversores extranjeros no dice gran cosa si no se habla del número de puestos de trabajo que ello genera. Es verdad que Macron bajó algo los impuestos al inicio de su mandato, pero no tanto como se cree; es un mito. Cuando Macron llega al poder, en 2017, el IRPF suponía un 45.1 del PIB; en 2022, un 45.2; algunos impuestos han bajado, pero otros se han disparado. Las empresas pagan un poco menos, pero para los particulares apenas ha cambiado la situación”.
Algunos analistas y medios de comunicación alertan estos días sobre un posible “escenario a la griega” para Francia. La directora del IFRAP se muestra cauta: “Es la preocupación actual, hay que evitar la crisis de la deuda; los franceses no queremos vivir una situación como la que sufrieron en Grecia o Portugal, pero hay que pelear por ello. Por eso, en el IFRAP proponemos bajar los gastos y no subir los impuestos, que es lo que se ha hecho siempre y no soluciona nada. Afirmar que se van a recuperar las cuentas sobre la espalda de los que corren riesgos, invierten y crean empleos no tiene ningún sentido”.
“Derrape incontrolable de las finanzas públicas”
El Estado francés deberá pedir en 2025 más de 300 mil millones de euros para poder seguir funcionando. Hoy, toma prestado a mayor precio que Portugal o Grecia. Ya paga casi 60.000 millones al año en intereses por la deuda. Al apercibimiento de la Unión Europea y del FMI en 2024, hay que añadir la reciente decisión de las agencias de notación. Tanto Fitch como Moody’s han mantenido su nota (AA- y Aa2), pero han advertido que es la última oportunidad: si Francia no sanea sus cuentas públicas su calificación será degradada y ahuyentará el interés de los prestamistas internacionales.
Por eso, Agnès Verdier-Molinié alerta: “Francia corre el riesgo de llegar a una situación donde el derrape de sus finanzas públicas sea incontrolable. Antes que hablar de escenario a la griega se puede llegar a un punto en que la carga de la deuda sea tan elevada que estemos obligados a hacer recortes mucho más fuertes que los que ahora se proponen. Antes de llegar al ejemplo griego existe una etapa intermedia en la que no se podrá financiar una parte de los servicios públicos, como las pensiones, los salarios de los funcionarios…
La situación que vive Francia es una herencia de décadas. Para algunos, todo empezó con la llegada del socialista François Mitterrand al poder, en 1981. Según la directora del IFRAP, en aquellos años se tomaron decisiones muy negativas que se siguen pagando hoy, como la rebaja de la edad de jubilación a los 60 años o la creación de un estatuto de funcionario para los trabajadores de hospitales y colectividades territoriales. “La decisión más terrible”, subraya, “fue la adopción de la semana de trabajo de 35 horas. La gente te dice, no es cierto, yo trabajo 38 o 39 horas, pero disfrutan de nueve semanas y media de vacaciones al año”. “En Francia”, concluye, “hemos perdido la conexión entre trabajo, creación de riqueza y redistribución. Primero se distribuye el dinero público y después se pregunta cómo hacemos para financiarlo. Hay que hacerlo al revés, crear riqueza antes de redistribuirla”.
