El sistema público de pensiones y su sostenibilidad financiera a futuro sigue siendo un quebradero de cabeza para cualquier Gobierno. En los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso de los Diputados, los de 2023, el pago de las pensiones supuso el 42% de todo el presupuesto público: cerca de 191.000 millones de euros. En términos de PIB, en 2024, solo las pensiones contributivas costarán el equivalente al 11,5% de la riqueza nacional de un año a precios de mercado.
Pero están también las pensiones no contributivas, una prestación económica que perciben en España las personas jubiladas o situación de invalidez que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no han alcanzado el mínimo de años requerido para percibir una pensión contributiva.
La reforma del sistema es la primera tentación de todo ministro responsable de la Seguridad Social y una preocupación adicional para cualquier ministro de Hacienda. El objetivo de todas las reformas es el mismo: garantizar su viabilidad económica en el futuro, en un contexto de claro envejecimiento de la población y de aumento de la esperanza de vida.
Las principales medidas adoptadas en los últimos años han sido retrasar la edad reglamentaria de jubilación en un par de años, de los 65 a los 67 que serán necesarios en el año 2027; endurecer los requisitos de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora en el momento de jubilarse e incentivar económicamente el retraso voluntario de la jubilación en unos años.
De acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes al pasado mes de agosto, los últimos publicados, el 62% de las altas iniciales de jubilación llevadas a cabo en los ocho primeros meses del año corresponden a trabajadores que han cumplido los 65 y los 66 años. Entre enero y agosto, 143.338 personas solicitaron jubilarse con esas edades, de un total de 231.258 altas.
En la actualidad, con las últimas modificaciones llevadas a cabo, la edad de jubilación se ha ido incrementando desde el año 2013 a razón de uno o dos meses por ejercicio durante el periodo transitorio que finalizará en 2027, cuando será necesario haber cumplido los 67 años o haber cotizado durante 38 años y medio para poder hacerlo a los 65 años.
Quien se quiera jubilar este año podrá hacer los con 65 años siempre y cuando atesore cotizaciones a la Seguridad Social durante 38 o más años. Si no, tendrá que esperar a cumplir 66 años y medio. Para 2025 las condiciones son algo más exigentes: 38 años y tres meses de cotización para jubilarse a los 65 años o en su defecto tener cumplidos los 66 años y ocho meses.
El aumento paulatino del número de años de cotización necesarios para percibir una pensión contributiva se ha dejado sentir en las estadísticas. Si en el año 2020, el porcentaje de trabajadores que accedían a la jubilación tras haber cumplido 65 o 66 años era del 56%, en 2023 llegó al 60% y en el periodo enero-agosto supera el 62%.
Según los datos del INSS, los 65 años siguen siendo la edad mayoritaria de jubilación de los españoles. Entre los meses analizados, el 36,81% de los nuevos jubilados había cumplido los 65 años y el 25%, los 66 años. Un 29,23% de las altas corresponden a trabajadores menores de 65 años y apenas el 9% del total, poco más de 20.300 altas, tenían 66 o más años. En 2020, sin embargo, el 51,5% tenía 65 años; el 38,3, menos de esa edad; apenas el 5,5%, más de 66 años y sólo el 4,6%, 66 años cumplidos.
Retrasar la edad de jubilación tiene premio. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, las centrales sindicales y la patronal alcanzaron a comienzos del verano un acuerdo para incentivar la prolongación de la vida laboral y, por extensión, jubilarse más tarde. Aquellos trabajadores que opten por seguir en activo en su puesto de trabajo verán incrementada su pensión a razón de un 4% anual.
Existe también la posibilidad de recibir una cantidad única en el momento de la jubilación de hasta 12.000 euros. La novedad es que estos alicientes económicos se pueden recibir con la fórmula de la jubilación activa, que permite al trabajador seguir en su puesto laboral y cobrar, además, una parte de la pensión que le correspondería.
A tenor de los datos del INSS, los incentivos no han servido para mucho. En los ocho primeros meses del año se han jubilado con 67 años agpenas 8.876 personas, lo que equivale a hablar del 3,8% del total de altas; con 68 años, sólo 3.874, el 1,67%, y con 69 años, 2.233 trabajadores, el 1%.
