Andalucía

La Junta de Andalucía modificará su Plan de Ordenación del Territorio casi dos décadas después de su creación

A mediados de mayo se iniciaron los trabajos de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que afronta numerosos cambios desde su entrada en vigor en 2006

  • La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz

Ya se han iniciado los trabajos de revisión del Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía, con una inversión de 2,6 millones de euros que tendrá una duración aproximada de 32 meses. Con esta revisión del POTA, que no se había revisado desde su aprobación en 2006, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, pretende sentar las bases para acabar con la “maraña”normativa y ese “atasco” urbanístico que según Díaz, “ha lastrado el desarrollo de los municipios andaluces”.

En un tiempo récord y con unos plazos bastante cortos, teniendo en cuenta que el anterior POTA se aprobó tras 11 años, el ejecutivo andaluz, apuesta por actualizar, modernizar y aclarar normativas y sobre todo simplificar conceptos que ayuden a planificar una Andalucía ordenada y sostenible. Rocío Díaz ha indicado que “el objetivo principal es la creación de más servicios, más calidad de vida, más actividad y por tanto más oportunidades laborales”, además apunta que se trataría de “un punto de inflexión y un cambio radical para poder avanzar”.

La ordenación del territorio es una herramienta clave para el desarrollo sostenible en tres dimensiones fundamentales: económica, medioambiental y social. Esta revisión se lleva a cabo con el fin de conocer la situación actual de Andalucía e identificar los problemas y nuevas necesidades territoriales. Para ello, el Consejo de Gobierno instó en octubre de 2022 a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a revisar el POTA para establecer las bases en las que se desenvuelva la acción pública y privada, orientando los procesos de ocupación y uso del territorio hacia los objetivos de cambio climático y de desarrollo sostenible de acuerdo a los nuevos postulados internacionales y a los fines de la ordenación territorial, los contenidos de la actividad de ordenación del territorio y los principios generales de ordenación contenidos de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

La sostenibilidad como uno de los objetivos principales de la revisión


La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que el POTA actual pese a llevar 17 años vigente “no ha completado su desarrollo ni está adaptado a la realidad actual y tampoco está adaptado a la legislación actual, se había quedado completamente desfasado”. Díaz ha asegurado además, que sólo 135 municipios andaluces, el 17,1% de los 785 que componen Andalucía han aprobado planes generales de ordenación urbanística con posterioridad a la entrada en vigor del POTA de 2006. “Lo que ha generado que se sigan utilizando modelos de planeamiento de los años ochenta y noventa”.

Para concluir Díaz ha querido destacar que el nuevo POTA “busca lograr un territorio mucho más fuerte, menos vulnerable ante el cambio climático, entre otros objetivos”. El impácto económico que el nuevo POTA no está cuantificado, pero ha destacado que el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía ampliará la colaboración con los Ayuntamientos promoviendo ayudas para que logren sacar adelante toda la normativa ya que de eso depende el crecimiento de las ciudades y por ende de la Comunidad Autónoma.

Esta revisión servirá, para planificar cómo será el territorio andaluz en los próximos años dando respuesta a retos como la sostenibilidad, la demografía, la movilidad y el cambio climático, además de establecer un marco de coordinación de las políticas sectoriales que se despliegan en Andalucía. El objetivo es seguir el mismo camino emprendido para la aprobación de la LISTA, es decir, lograr la máxima participación de los sectores implicados (principales agentes sociales y económicos, administraciones y entidades públicas afectadas…) para alcanzar un texto de consenso.

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