Los votos en Melilla se vigilan en estos momentos por tierra, mar y aire, tras el nuevo escándalo que ha estallado con la compra de sufragios. Para el 28M se ha disparado el voto por correo, más del doble que en los comicios del 2019, casi el 20% del total, lo que supone que 11.707 ciudadanos han decidido votar por correo, una cifra suficientemente elevada para cambiar el destino político de los melillenses. Una trama que se vuelve a repetir en esta ciudad autónoma sitiada entre dos continentes, a orillas del Mediterráneo, con una población de 90.000 habitantes, según el último censo. Una vergüenza política en mayúsculas que se cuela por las grietas que emergen de la ley que regula, la Loreg.

Claramente, una mafia que opera como una organización criminal, como hacen los narcotraficantes, que telefonenan a las familias, preguntan por sus hijos, los amenazan, les meten el miedo en el cuerpo, les compran el voto, les compran también el silencio. ¿Qué tipo de políticos pueden ofrecer un servicio público de calidad previo a la compra de votos? Sólo aquellos que quieran ostentar el poder como si de una red clientelar se tratara, gobernar en beneficio de uno mismo, de los tuyos.  

¿Quién vende su convicción, su manera de ver la vida o de cómo se deben mejorar las cosas por 50 euros?, ¿Quién puede acceder a que le compren su voto por 50 o 200 euros? Probablemente, personas a las que no les interese qué se va a hacer luego con su papeleta, gente a la que la política les importa mucho menos que la forma en la que van a llenar la nevera o van a pagar el alquiler.

La policía investiga a 60 personas que pueden estar detrás de todo este guion de película que desgraciadamente no es nuevo en Melilla

También les ofrecen trabajo a cambio de su voto. ¿Cómo no ceder cuando está en juego el bienestar de los tuyos?. Parece surrealista que eso pase en nuestro país, que exista tal fraude, tal corrupción política propia de países a los que se destinan observadores internacionales para que velen por la veracidad de las votaciones. La delegada del Gobierno en Melilla anuncia que todo está ahora bajo control, que sólo se han presentado poco más de 900 votos. La Junta Electoral Central acuerda que nadie puede entregar el voto a correos sin el DNI, pasaporte o identificación oficial tanto en la ciudad como fuera. La policía investiga a 60 personas que pueden estar detrás de todo este guion de película que desgraciadamente no es nuevo en esa plaza. Apuntan algunas versiones que parece un problema del sistema, de la existencia de una estructura que amedrenta a la población vulnerable a cambio de venderles una vida mejor, no estamos hablando de un delito puntual.

Dado que hay antecedentes sobre el particular, bien debería pensarse en modificar la ley que lo está permitiendo. Inevitable apuntar a quien ya perpetró delito semejante tiempo atrás. Sigue en estos momentos inhabilitado por fraude electoral el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, quién compró votos a cambio de empleo, según se recoge en la sentencia que le condenó en 2021. Oficialmente, se considera que el fraude se ha evitado, pero se sigue judicialmente el caso por delito electoral. La perversión del sistema político se concentra en ese pequeño territorio a orillas del Mediterráneo, pero también siembra la duda, la sospecha en general. Melilla no merece políticos de esa calaña, la democracia de este país tampoco.

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