Tiene razón Nadia Calviño: la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos “va contra el interés y la imagen de nuestro país”. Pero, además de lamentarse, alguien con el poder de la vicepresidenta primera del Gobierno debería hacerse en serio una pregunta: ¿De quién es la culpa? ¿Solo de la empresa? Más: ¿Qué ha hecho la vicepresidenta para evitarlo? La insistencia en relacionar a las grandes empresas de nuestro país con posiciones antisociales, casi de usura a gran escala, ¿buscaba proteger la imagen de España o más bien la de un Gobierno hostigado por su flanco izquierdo y las circunstancias?
El precedente, sin duda, es grave. Y no solo por lo que supone de pérdida de autoridad moral de una vicepresidenta cuya función es esencial, pero a la que se le escapa a chorros el respeto ajeno. Es grave porque, como se teme Calviño, va a perjudicar el interés y la imagen del país. Sobre todo cuando el Gobierno reacciona como un niño pillado en falta, metiendo torpemente el dedo en la llaga, en lugar de intentar cauterizar cuanto antes la herida; o empleando el recurso irresponsable de arremeter contra el país beneficiado, socio de la Unión Europea. Alguien debería decirle a Yolanda Díaz que no es recomendable intentar enmascarar la incompetencia propia señalando los supuestos defectos de los demás, máxime cuando nada tienen de defectuosas las facilidades que ofrece Holanda a empresas e inversores en un mercado de capitales fragmentado (es lo que hay) y, por tanto, altamente competitivo.
La insistencia en relacionar a las grandes empresas de nuestro país con posiciones antisociales, casi de usura a gran escala, ¿perseguía proteger la imagen de España?
Es una flagrante estupidez acusar de dumping, con el dedo flácido de la ineptitud, a un socio comunitario que nos puede dar lecciones básicas de política económica, que prácticamente tiene pleno empleo (3,6% de paro frente al 13,1% de España), cuyo superávit comercial es de 64.000 millones de euros (el de España no es superávit sino un soberano déficit de 71.000 millones) y con una deuda casi cuatro veces inferior a la española. Es también patético envolverse en la bandera de una indignación impostada, y teñida de dudoso patriotismo, para esquivar cualquier responsabilidad. Y es de una insensatez sin precedentes que todo un presidente del Gobierno sitúe a un empresario que hace uso legítimo de su libertad en el centro de la diana de una forzada indignación social.
Ferrovial, de mayoritario capital extranjero, se va a Países Bajos por razones fundamentalmente “técnicas”: menor presión fiscal a la repatriación de los dividendos obtenidos en terceros países; vocación de futuro con la vista puesta en mercados bursátiles más rentables, como Wall Street; mayor protección legal frente a OPAS hostiles… Se va por estas y otras ventajas que nada tienen que ver con la política ordinaria; pero se va también porque la política no ha sabido retenerla. O, si se prefiere, le ha dado la patada definitiva.
Es de una insensatez sin precedentes que todo un presidente del Gobierno sitúe a un empresario que hace uso legítimo de su libertad en el centro de la diana de una forzada indignación social
Achacar la decisión de Ferrovial al “interés personal” en pagar menos impuestos de su principal accionista, un tipo llamado Rafael del Pino cuyo patrimonio supera los 3.000 millones de euros, es la última ocurrencia fabricada sobre la marcha por quienes no saben cómo justificar su imprevisión. Negar razones de fondo a la hora de explicar tan drástica medida, como la inseguridad jurídica o la creciente sensación del empresariado español de hostigamiento gubernamental, es cerrar los ojos a una realidad denunciada reiteradamente por expertos, observadores neutrales y los propios empresarios.
En un comunicado hecho público el pasado 22 de diciembre, la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) mostraba su preocupación por “la indiferencia ante el deterioro institucional en la imagen pública que generan propuestas que vinculan la renovación de órganos constitucionales, o la reforma del poder judicial mismo, a intereses políticos en lugar de vincularla al interés general. Las desafecciones de la ciudadanía hacia las normas -añadían los experimentados y prestigiosos abogados de la UEAP- impactan negativamente en el cumplimiento espontáneo del Derecho y son el germen de desobediencias colectivas y desafíos al Estado de Derecho”. ¿Seguridad jurídica?
Negar que la inseguridad jurídica y la creciente sensación del empresariado español de hostigamiento gubernamental tienen que ver con la decisión es no querer asumir la realidad
Más recientemente, el 3 de febrero del año en curso, el presidente de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, escribía en Expansión: “Con el objetivo de ser el ‘primer gobierno que…’ o de ser más sociales que nadie, en lugar de ejecutar una necesaria simplificación burocrática o normativa -que actúa como verdadero sobrecoste para las empresas-, el Ejecutivo inventa nuevos reglamentos o disposiciones que hacen más complejo ser empresario”. Inseguridad, burocracia, ineptitud… Rafael Jiménez Asensio: “El descrédito de lo público no solo ha tocado a las puertas de la Administración, sino que ha entrado hasta sus últimos despachos y mesas de trabajo. Hay una percepción cada vez más generalizada de que las Administraciones Públicas maltratan a la ciudadanía, especialmente por un abandono irresponsable de la política gubernamental”.
Cuenta Sergio del Molino en Un tal González (Alfaguara) que en la campaña de las elecciones de 1982 le preguntaron a Felipe González qué significaba el eslogan “Por el cambio”. Tardó unos segundos antes de contestar: “El cambio es que España funcione”. Y funcionó. A pesar de dificultades y resistencias extraordinarias. Mayores de las que hoy sufrimos. En aquel momento, el Gobierno hizo de motor. Hoy, el motor parece definitivamente averiado. En España, hay empresas que se han ganado el derecho de decidir su camino, de notable éxito, competitivas, que funcionan aquí y en las antípodas. A pesar de la política.
