El pasado martes 21 de febrero, la sala de prensa del Congreso de los Diputados vivió una escena de lo más insólita. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en la cámara baja, se acercó a la bandera de España situado tras el atril y la apartó del tiro de cámara, lo suficiente como para que no apareciese en las imágenes que toman los medios de comunicación que cubren los actos políticos de la formación independentista.

Nogueras, cuyo acto reivindicativo quedó absolutamente empañado por la simpleza e infantilismo con el que se justificó, alegó que "estaba muy cerca", añadiendo que la insignia de la Unión Europea, la cual no movió ni un centímetro, "me representa mucho más y quedaba muy chula", finalizó. Las reacciones de otros parlamentarios no tardaron en llegar, siendo VOX y Ciudadanos los dos partidos más críticos con la actitud de la portavoz.

Aunque es atípico ver este tipo de situaciones en el Congreso, por desgracia, la retirada de banderas de España es algo más común en nuestro país por parte de formaciones e instituciones políticas independentistas. De hecho, según reportaje de El Confidencial, un 82% de los ayuntamientos catalanes no cuelga la bandera española en sus fachadas, incumpliendo así con las leyes vigentes. De los 947 municipios que componen la Comunidad Autónoma, únicamente 132 ondean la bandera nacional. 105 lucen la estelada y otros 114 tienen propaganda independentista en los balcones.

Tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia, decenas de Ayuntamientos independentistas retiraron la bandera de sus balcones, convirtiéndolo en una normalidad que los constitucionalistas dejaron de pelear. Hasta la Generalitat quitó la rojigualda tras un acto de Sánchez con Aragonès en septiembre de 2021.

Según el artículo tercero de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, "deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". Por tanto, es ilegal. En 2014 un juez dio la razón al Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, pero la desestimación de los recursos presentados se debió a un defecto de forma, por estar fuera de plazo.

¿Es ilegal retirar una bandera en el Congreso?

En consecuencia, y analizando lo sucedido, ¿sería sancionable el gesto de Nogueras? Con la ley en la mano, no. Ya que la normativa reinante en el Congreso no hace mención a la bandera y sus diferentes posiciones a la hora de declarar ante la prensa. Aunque algunas formaciones han solicitado una reprimenda a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, es lo único que podría sucederle a la política de Junts.

En la mencionada Ley 39/1981, si acudimos al artículo 6.1, se dice que "cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor". Además, en el artículo 9 se especifica que "las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta Ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada".

Sin embargo, se entiende que los actos de Míriam Nogueras no incurren en ofensas o ilegalidades, tan solo son una chiquillada de una persona con ganas de llamar la atención. Una bandera que no la representa, pero que la provee de un salario espectacular de unos 8.400 € brutos mensuales, según las informaciones del portal de transparencia del Congreso. Fuera de estas cifras quedan los gastos en viajes varios y los dispositivos que se entregan a cada representante, que incluyen un iPad y un smartphone. Qué rentable sale no sentirse español. En concreto, 117.000 euros al año.

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