El Tribunal Constitucional ha avalado esta mañana por unanimidad las candidaturas de los cuatro futuros miembros del Tribunal Constitucional. El Pleno ha examinado la idoneidad del exministro de Justicia Juan Carlos y de la exalto cargo de Moncloa Laura Díez (ambos propuestos por el Gobierno) y de los magistrados del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el CGPJ.
Fuentes del tribunal de garantías explican que el Pleno ha verificado los requisitos que se les exigen a estos nuevos miembros, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. De esta forma se consagra la renovación de los cuatro mandatos que llevan prorrogados desde junio y se consuma el vuelco del Tribunal Constitucional hacia una mayoría progresista.
El todavía presidente, Pedro González-Trevijano, convocó al Pleno tras ser informado por parte del CGPJ del acuerdo alcanzado este martes para renovar a los dos candidatos que le competen por Ley. Los 11 miembros del TC han dado luz verde a estas candidaturas en una reunión que apenas se ha prolongado veinte minutos, de manera que el siguiente paso será que los nuevos miembros prometan o juren su cargo en un acto en Zarzuela en presencia del Rey Felipe VI.
La presidencia del Constitucional
Los actuales miembros del Constitucional han estudiado la idoneidad de los candidatos a tenor de lo recogido en el artículo 159 de la Carta Magna, que expone que se nombra entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
Ahora el foco está puesto en la presidencia del TC. Serán los nuevos miembros los que elijan a su nuevo presidente, por lo que todavía tienen que jurar su cargo y publicarse el BOE sus nombramientos antes de efectuar este trámite. No obstante, las conversaciones ya se mantienen en el Constitucional y dos nombres suenan con especial fuerza: Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer; ambos progresistas.
Desde un primer momento se ha puesto el foco en el exfiscal general del Estado, tanto por su currículum como por la antigüedad en el órgano en el que aterrizó en 2017. Además, es un perfil que agrada especialmente al PSOE. Sin embargo, en las últimas semanas cobra adeptos una posible presidencia de la Catedrática en Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer.
También de perfil progresista y vinculada al sector de la izquierda, la jurista cuenta ahora con el respaldo del Partido Popular, que trata de evitar que prospere la opción de Conde-Pumpido. De salir elegida, Balaguer se convertiría en la segunda mujer que llega a la cúspide del Tribunal Constitucional, después de María Emilia Casas.
El órgano afronta un período especialmente delicado, pues tiene pendiente resolver recursos de especial importancia como el interpuesto contra la ley del aborto, la ley Celaá, la eutanasia o el del CGPJ contra el Gobierno por retirarle las competencias para efectuar nombramientos.
Una renovación polémica
Con el trámite celebrado este jueves -que el Gobierno trató de suprimir con una reforma legal que frenó el propio Constitucional- se pone punto y final a medio año de deliberaciones y polémicas para sacar adelante la renovación del tribunal de garantías. Los nuevos miembros sustituirán al actual presidente, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
Su mandato de nueve años terminó en junio de este año, aunque se prorrogó a la espera de que el Ejecutivo y el CGPJ eligieran a sus candidatos. El primero de ellos tenía especial urgencia en renovar teniendo en cuenta el vuelco que da ahora el tribunal de garantías hacia una mayoría progresista. Las dificultades en el CGPJ para elegir a sus dos nombres llevaron a Pedro Sánchez a impulsar una reforma de calado que afectaba al TC y al propio Consejo.
La misma no vio la luz ya que el bloque conservador (y hasta ahora mayoritario) del órgano la frenó en un movimiento sin precedentes al admitir el recurso de amparo interpuesto por diputados del grupo parlamentario popular, que alegaron que se habían vulnerado sus derechos con la tramitación de la norma. La decisión, que supuso frenar por primera vez la tramitación de una ley, evidenció la fractura actual del TC ya que los cinco miembros progresistas del órgano votaron en contra y formularon voto particular.
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