Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando de manera simultánea diferentes registros en sedes de empresas de Madrid, Valencia y Castellón, entre ellas Acciona, en el marco del 'caso Azud'. La UCO realiza dichos registros tras hallar documentos de posibles pagos en B en casa del exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE en el mes de mayo, que afectan a varias adjudicaciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según 'El Confidencial'.
El dispositivo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y, por el momento, no hay detenidos. Entre las adjudicaciones, se encuentra una que afecta a un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó licitado por el Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona por un importe de 48,4 millones de euros.
En concreto, los registros afectan a las dos empresas que se llevaron la licitación, Acciona y Construcciones Luján, y también a otras compañías de obras públicas beneficiadas presuntamente por otros amaños como Construcciones Gimeno, en Castellón.
Estas diligencias tienen su origen en el hallazgo de anotaciones sobre la presunta contabilidad del PSOE valenciano en casa de uno de los tesoreros de la formación, José María Cataluña. Según el rotativo, pese a que este abandonó dicha responsabilidad en 2008, se han encontrado apuntes en su vivienda que lo vinculan con campañas electorales de haasta 2015.
En los documentos se lee que cobró una comisión por la obra del trasvase de hasta el 6,29% del importe del contrato. Dichos fondos, se habrían utilizado para inyectar dinera en una supuesta caja B del PSOE de la región.
Se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
Los registros, efectuados por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, tienen que ver con una de las piezas secretas de 'Azud', procedimiento en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
El 'caso Azud'
Los registros se están llevando a cabo con el objetivo de requerir diferente documentación a las empresas y, además, para tomar declaración a diferentes personas. Se trata de un procedimiento secreto relacionado con delitos de prevaricación, cohecho y malversación y que cuenta con el apoyo de la Europol. Entre las empresas a la que se han trasladado los agentes de la UCO se encuentra Acciona.
Entre los investigados en Azud -alrededor de 60 personas- se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad.
