Tres campañas electorales del PP se encuentran en el punto de mira de la UCO, Anticorrupción y el juez Velasco. Son los comicios de 2007, 2008 y 2011. En esta última cita electoral, la Guardia Civil sospecha que el gestor de la presunta Caja B del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, actuó con mayor cautela por dos razones: una, ya había estallado el caso Gürtel y, dos, la Ley de Financiación de Partidos Políticos cumplía cuatro años de vida. Pese a ello, los agentes detectaron las pruebas de las presunta financiación opaca.

La generosidad de empresas y particulares con el PP se multiplicó por cuatro el año en que conquistó el poder. Sin embargo, en la lista de donantes oficial no aparece ni una sola de las grandes constructoras o empresas mencionadas en la contabilidad filtrada por Bárcenas. Tras recibir donativos por valor de 2.145.070,55 euros, el PP gastó 41,5 millones de euros en publicidad y relaciones públicas, según refleja la contabilidad publicada por Anonymous.

El grupo de hackers informáticos Anonymous ha colgado en servidores gratuitos de Internet la contabilidad del Partido Popular de las últimas dos décadas. El PP da validez a los datos pero asegura que sus servidores no han sido atacados. El Tribunal de Cuentas asegura que tampoco sus ordenadores han sido hackeados.  Las cuentas reflejan que el Banco Popular financia el 85% de los gastos electorales del PP. 

En un nuevo intento desesperado porque se conozcan públicamente las cuentas socialistas, va a proponer que todos los partidos de la Cámara presenten sus números ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Las conversaciones PP-PSOE para hacer un modelo único de publicación de las declaraciones de renta y patrimonio de altos cargos y parlamentarios no existe.

La crisis ha engordado la economía sumergida en España donde uno de cada cinco euros escapa ya al control del fisco, según los cálculos de la Comisión Europea. Hasta 30.000 millones se han sumergido desde que comenzó la recesión según estimaciones de la OCDE calculadas sobre sus datos de presión fiscal. España tiene la segunda economía negra más importante de la UE, sólo por detrás de la italiana. La Comisión Europea propondrá el día 22 una batería de medidas para endurecer la lucha contra el ese fraude.