La semana pasada, Inés Arrimadas realizó un discurso disruptivo en el Congreso de los Diputados, del tipo que no suelen hacer los representantes políticos. Desde la oposición, mostró su posición contraria a que el Gobierno de España incremente las pensiones de nuestros mayores una media de un 8,5% para el próximo ejercicio y a que incremente un 9,5% el sueldo de los funcionarios para el periodo 2022-2024. Según dijo, España no se lo puede permitir. De este modo, Arrimadas decía cumplir la promesa de Ciudadanos verbalizada meses atrás de "decir la verdad a la gente", caiga quien caiga. Pero ¿qué necesidad había de oponerse a una medida que mejora las condiciones económicas y vitales de los dos colectivos con más peso poblacional y político y, por lo tanto, más decisivos electoralmente? ¿No supondrán sus afirmaciones otro freno a las expectativas electorales de Ciudadanos? ¿Cuántos pensionistas y empleados públicos votarán a Ciudadanos en las próximas elecciones?
Ha sido valiente en al menos plantear el debate en el Congreso de los Diputados. Pero no basta con plantear la controversia. Es necesario plantear las soluciones
Según Arrimadas, estas medidas del Gobierno de España solo buscan comprar el voto de jubilados y empleados públicos. En el fondo, no es extraño, ya que es lo que habitualmente hacen todos los partidos: más allá de la posición ideológica de cada cual, toman decisiones que los beneficien electoralmente, independientemente de que tales medidas mejoren la situación general de España y de la mayoría de sus ciudadanos. Según Arrimadas, ambas medidas son no solo demagógicas sino además injustas y contraproducentes. Porque no harían sino agrandar dos brechas que llevan tiempo abiertas en España y que ponen en peligro la propia estabilidad del sistema: por un lado, la brecha intergeneracional entre mayores y jóvenes, dado que, mientras que a los primeros se les incrementan las pensiones y tienen una retribución asegurada para el resto de su vida, los jóvenes sobreviven con empleos precarios y son cada vez más pobres, eso cuando no están en el paro; y, por otro lado, la brecha entre los empleados públicos, cuyos puestos de trabajo están salvaguardados y disfrutan de buenos sueldos, y los empleados del sector privado, que padecen condiciones laborales muchas veces precarias y cuyos sueldos apenas se han incrementado últimamente. Este argumento ha ido cogiendo fuerza en los últimos tiempos, tanto en las tertulias políticas como entre los ciudadanos de a pie, especialmente entre aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Pero es que ni tertulianos ni los ciudadanos de a pie se presentan a las próximas elecciones.
Sea por interés electoral o por honestidad política, Inés Arrimadas ha sido valiente en al menos plantear el debate en el Congreso de los Diputados. Pero no basta con plantear la controversia. Es necesario plantear las soluciones, salvo que la solución sea no hacer nada o precarizarnos todos.
Más y mejor empleo juvenil ayudaría a fortalecer el sistema público de pensiones antes de que se lo carguen quienes ya tienen el cuchillo entre los dientes
Yo no creo que un sistema público de pensiones robusto y unos empleados públicos bien pagados deba implicar obligatoriamente jóvenes precarios y clase media empobrecida, del mismo modo que no creo que el problema sea que haya ricos sino que haya cada día más pobres. Porque, en verdad, más y mejor empleo juvenil ayudaría a fortalecer el sistema público de pensiones antes de que se lo carguen quienes ya tienen el cuchillo entre los dientes. Desde luego, sí creo que esas dos brechas denunciadas por Arrimadas se están ampliando y que no solo no se están tomando medidas para que se reduzcan sino que la ineptitud de este gobierno y de todos los anteriores las han ido haciendo posible, y no tanto por la atención prestada a los colectivos que hoy ya muchos consideran privilegiados como por la renuncia de los gobiernos a enfrentar desde la raíz nuestros problemas estructurales.
España debería ser ambiciosa para equipararnos a los niveles de igualdad y bienestar que disfrutan algunos de los países de nuestro entorno y no conformarnos con menos. La cuestión es cómo garantizamos la sostenibilidad de un sistema público de pensiones robusto, cómo protegemos a nuestros empleados públicos y, a la vez, cómo garantizamos empleos dignos, sueldos decentes y condiciones laborales justas para nuestros jóvenes y no tan jóvenes. No es una cosa u otra sino todo ello en conjunto: bienestar, igualdad y justicia social.
Es indispensable disponer de un sistema fiscal justo y progresivo, luchar contra la corrupción política, la elusión y la evasión fiscal, la economía sumergida y el fraude laboral, pero también apostar por la industria, la I+d+I, la ciencia, los sectores emergentes, el cambio de modelo productivo, la modernización del modelo energético y la educación. Y reducir el gasto improductivo existente, incluido el que provoca nuestro modelo autonómico. Creo que es posible y negarlo es pereza intelectual o conformismo. Hay que aplicar las medidas integrales que España necesita y ser ambiciosos. Todo ello requiere políticos honestos que no piensen en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones.
