Sucedió el pasado jueves en sede parlamentaria cuando, presentando el proyecto de Presupuestos, la ministra de Hacienda intentaba explicar a su manera la diferencia entre los tributos según tengan o no afectada su recaudación. Viéndose en serias dificultades, sacó su cajita redonda de pastillas Juanola y la rectangular de las Ricola para blandir una en cada mano, moverlas agitadamente y ayudar así a su acelerado verbo. El resumen de la secuencia lo hizo ella misma cuando confesó: “es que no lo sé explicar mejor”. La escena podría quedar en una anécdota si no fuera porque los Presupuestos que presentaba la ministra son ciertamente nocivos para España y los españoles.
Como cada año, las cifras presupuestarias tienen sus cimientos en el escenario macroeconómico previsto por el Gobierno. Aquí empieza el drama. Se prevé que el PIB crezca un 2,1%, contrariando otras previsiones menos interesadas, pues según el Banco de España creceremos al 1,4%, según la AiReF al 1,5%, y según el servicio de estudios del BBVA, al 1%. Sucede que, históricamente, en la economía española el 2% de aumento del PIB es la frontera que separa la creación de la destrucción de empleo. De manera que, en el mejor de los casos, si por una vez se cumplieran las previsiones del Gobierno, el volumen de desempleados crecería en el número de las nuevas incorporaciones al mercado laboral. Y si falla la previsión del Gobierno, como ha sucedido siempre hasta ahora, el aumento de la tasa de paro sería aún mayor.
El proyecto presupuestario incorpora otros machetazos a diversos contribuyentes que el Gobierno no se ha dignado ni anunciar ni explicar previamente
En materia de impuestos, en el Presupuesto se prevé que la recaudación tributaria aumente en torno al 8%. Basta comparar este porcentaje con el 2% en el que se estima el crecimiento del PIB para constatar cómo se proyecta disparar brutalmente la presión fiscal. Junto a las medidas tributarias ya anunciadas por el Gobierno y comentadas en estas páginas -recordemos en especial el castigo que se inflige en el IRPF a ocho millones de empleados con sueldo inferior a 60.000 € y, aún más sangrante, el que se piensa dedicar a los cuatro millones de trabajadores cuyo salario se encuentre 21.000 € y 30.000 €, el proyecto presupuestario incorpora otros machetazos a diversos contribuyentes que el Gobierno no se ha dignado ni anunciar ni explicar previamente.
Sin duda alguna, el más relevante es la elevación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social en un 8,6%, medida que afecta -y mucho- a las empresas, aumentando su coste laboral en torno al 4% según ha estimado la CEOE, pero que también afectará personalmente a los empleados con ingresos algo superiores a 50.000 €. Las dos cuestiones implican sendas subidas de la presión fiscal y su aplicación dificultará la creación de empleo por las empresas y reducirá -aún más- la renta disponible de los trabajadores afectados. Por otra parte, que el Gobierno no se haya dignado anunciar y explicar esta medida que solo ha sido detectada tras la lectura del proyecto de Ley, demuestra el escaso respeto que Sánchez y los suyos guardan a la sociedad española amén de constituir un claro ejemplo del estilo autoritario con el que ejercen sus funciones.
El importe por habitante que se invertirá en la comunidad madrileña no llega a 200 €, en tanto que el que se proyecta invertir en Cataluña es 324 € por catalán
En la siempre polémica distribución territorial de las inversiones públicas, en el Presupuesto se reincide en el mal trato dado a los ciudadanos de Madrid. Las cifras son elocuentes: El importe por habitante que se invertirá en la comunidad madrileña no llega a 200 €, en tanto que el que se proyecta invertir en Cataluña es 324 € por catalán. Además y como suele suceder, la propaganda gubernamental trata de disfrazar tramposamente esta discriminación exponiendo que la inversión pública crecerá más en Madrid que en la mayoría de las Comunidades Autónomas, circunstancia que tan solo pone de manifiesto que los madrileños venimos de una discriminación todavía mayor que la prevista para 2.023.
Lo expuesto hasta ahora, más los nuevos impuestos ideados por el Gobierno -a empresas energéticas, a entidades bancarias y a grandes fortunas que serán aplicados también en 2.023-, determina que los Presupuestos para 2023 incorporen riesgos evidentes, derivados de la escasa fiabilidad del escenario macroeconómico en los que se apoyan, daños ciertos para la actividad económica, y un aumento considerable del maltrato fiscal para la inmensa mayoría de los contribuyentes. Frente a esto, llevamos ya varios días escuchando que la propaganda gubernamental los anuncia como los mejores Presupuestos de la Historia, calificación que hemos escuchado literalmente en los últimos cuatro años en estas mismas fechas. Por lo que se ve, no se dan cuenta que la reiteración anual del mismo calificativo resta a éste cualquier valor.
