La Comisión Europea ofrece flexibilidad a a sus países miembros en la recaudación del controvertido impuesto a las empresas energéticas. Aunque Bruselas les impone dónde deben destinar todo lo recaudado. La propuesta que se vota este viernes en Bruselas por los ministros de Energía de la Unión Europea, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, obliga que, por ejemplo, España destine los 2.000 millones de euros al año que planea recaudar con su ‘impuestazo’ a ayudar a los hogares y a las empresas a pagar la factura energética. 

Lo exige con su intervención del mercado eléctrico y con su 'contribución solidaria' de las petroleras. "Los estados miembros utilizarán los ingresos recaudados a través de la contribución solidaria temporal de manera que tengan un impacto suficientemente oportuno para dar apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía, de manera específica", destaca el documento que suscribe la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este "gravamen temporal", según lo define el Gobierno en su proposición de ley, se convierte en un impuesto finalista destinado a aliviar el impacto en los consumidores finales. También tiene que contribuir a la reducción del consumo de energía, por ejemplo mediante subastas o sistemas de licitación de reducción de la demanda, a la disminución de los costes de compra de energía de los clientes finales de energía para determinados volúmenes de consumo, y al fomento de las inversiones de los clientes finales de energía en energías renovables, inversiones estructurales en eficiencia energética u otras tecnologías de descarbonización. 

Bruselas abre esta partida para que se destine a ayudas a las empresas de sectores de gran consumo de energía. Por último, la Comisión Europea ofrece a los países que utilicen en esta nueva partida que aporten las compañías del sector para desarrollar la autonomía energética, en particular inversiones en consonancia con los objetivos de REPowerEU. 

¿Energéticas, eléctricas o petroleras?

Resolver el gasto de esta recaudación no será la única dificultad de Moncloa. El Reglamento de la Comisión Europea insiste en que se debe exigir una "contribución solidaria" a "los beneficios excedentarios del sector de los combustibles fósiles". Para el sector eléctrico, Bruselas propone recuperar los ingresos excedentarios de los productores con costes marginales más bajos, como las centrales de energías renovables, energía nuclear, "tecnologías inframarginales", mediante el establecimiento de un tope ex post en los ingresos por megavatio hora (MWh) de electricidad producida. 

Como informó Vozpópuli, Bruselas propone un tope temporal de precio para estas tecnologías de 180 euros por megavatio hora (MWh), mientras que en España limitó en marzo a 67 euros/MWh. "Cualquier ingreso por encima de este nivel será recaudado por los Gobiernos de los Estados miembros y redirigido a los consumidores de energía para aliviar el impacto de los altos precios de la energía", asegura la Comisión. La proposición de ley del Gobierno español, que ya respaldó el Congreso y que está a la espera de enmiendas, apunta a "un impuesto a (todas) las energéticas".

La Comisión reclama a los países miembros no salirse del guión de este gravamen. "La iniciativa común a escala de la Unión consiste en la introducción obligatoria de una contribución solidaria en cada Estado miembro de determinadas empresas y establecimientos permanentes que operan predominantemente en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería. Los Estados miembros no pueden abordar adecuadamente este problema por sí solos", concluye Bruselas. 

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