Ayer, durante aproximadamente una hora y con su más que peculiar estilo de comunicación, la ministra de Hacienda anunció las nuevas medidas fiscales que ha decidido aplicar el Gobierno y que suponen un paso más en la sobreimposición que caracteriza al sistema tributario español. Según ella mismo afirmó, el conjunto de las medidas supondrá un aumento neto en la recaudación por importe de 3.144 millones de euros, en torno al 1,5% de lo que ingresa anualmente la Agencia Tributaria. Con ello, la presión fiscal que sufrimos los españoles crecerá cerca de un 1%. Es una mala noticia que supone agravar el ya excesivo esfuerzo que nos exige el Fisco.
No obstante, y como muestra del rigor que preside toda la operación, debe señalarse que la suma y resta de los importes esperados de las medidas pro contribuyente y anti contribuyente que figuran en el documento entregado por el Ministerio de Hacienda da como resultado un incremento en la recaudación de solo 1.700 millones de euros, la mitad de lo anunciado en la rueda de prensa ¿De dónde salen los otros 1.444? ¿Se ha equivocado la ministra? ¿Lo han hecho los redactores del documento? Poca seriedad, con las cosas de comer no se debe jugar.
Descendiendo ya a un mayor detalle, nos referiremos a algunas de las cuestiones explicadas ayer. Se confirmó la creación del Impuesto sobre Grandes Fortunas que, por su articulación con el actual Impuesto sobre el Patrimonio, supone vaciar de todo contenido las competencias autonómicas en el segundo, pues el importe de cualquier bonificación establecida por un Gobierno autonómico deberá pagarse a la Agencia Tributaria.
Como predijo Escrivá, se trata de una recentralización fiscal en toda regla y, por tanto, de un cambio radical en la actual configuración del Estado de las Autonomías. En cuanto a sus cifras, se anunció ayer como estimación que el nuevo impuesto afectará a 23.000 contribuyentes y supondrá recaudar 1.500 millones de euros. Una sencilla división revela que el importe medio que pagarán los afectados será 65.000 euros. ¡Poca broma!, pero por ley estadística, es inexorable que a algunos contribuyentes se les llegue a exigir más de 100.000 €, lo que constituye una auténtica leva de capital. Lo pretendía justificar la ministra argumentando que el número de contribuyentes obligado por el nuevo impuesto es escaso. Ministra, ninguna medida injusta, por abusiva, deja de serlo porque los afectados sean pocos.
La presión fiscal que sufrimos los españoles crecerá cerca de un 1%. Es una mala noticia que supone agravar el ya excesivo esfuerzo que nos exige el Fisco
Desgraciadamente, los datos que revelarán el éxito o el fracaso del nuevo impuesto no se tendrán hasta junio de 2024, cuando sea objeto de su primera declaración. Solo entonces conoceremos si se alcanza o no la recaudación prevista por el Gobierno, así como la dimensión del efecto expulsión de contribuyentes y de capitales que pueda provocar. Hasta entonces y, sobre todo, hasta las elecciones generales de 2023, al Gobierno le servirá para ondear su bandera de defensor de los pobres y azote de los ricos, en la reiterada pose demagógica que tanto cultiva.
En relación con el IRPF, la ministra declaró explícita y contundentemente que el Gobierno es contrario a su deflactación. Bien, queda así confirmado que sigue dispuesto a la utilización ilegítima de la inflación como impuesto para empobrecer a los contribuyentes españoles. Además, en su afirmación, Montero no pudo ser más manipuladora, pues afirmó que el Gobierno era contrario a deflactar el IRPF “como han hecho los gobiernos de Madrid y de Andalucía”. ¡Ministra! … y el de la Comunidad Valenciana y el del Aragón, ambos poblados por dirigentes del PSOE.
Por lo que se ve, para el Gobierno los que ingresan más de 21.000 € no están afectados ni por la crisis ni por la inflación
Por otra parte, y según nos fue explicado, las ventajas fiscales en el IRPF están focalizadas en aquellos contribuyentes cuyos ingresos son inferiores a 21.000 € que, según la ministra, suponen el 50% del total de los declarantes de manera que el 50% restante -todos los que tengan ingresos superiores a dicho importe- quedarán excluidos. Por lo que se ve, para el Gobierno los que ingresan más de 21.000 € no están afectados ni por la crisis ni por la inflación. Las pretendidas ventajas previstas para los autónomos no son sino baratijas, como han manifestado sus organizaciones representativas.
Apenas nada dijo la ministra sobre el IVA. Tan solo manifestó, y forzada por una pregunta, que se iba a reducir el tipo impositivo aplicable a los productos de higiene femenina, pretensión largamente exigida por Podemos. Es preciso relacionar esto con la negativa del Gobierno a aceptar la propuesta de Núñez Feijóo para reducir el IVA de productos alimentarios básicos, pues evidencia una contradicción, otra más, del Gobierno.
En efecto, su negativa a lo propuesto por el PP la ha pretendido justificar en base a que dichos productos son consumidos por individuos de renta baja, pero también de renta alta. La pregunta inmediata es: ¿Acaso las mujeres de renta alta no consumen productos de higiene femenina? Y aún más ¿Por qué se ha bajado entonces el IVA de la electricidad y del gas? ¿Acaso solo los consumen individuos de renta baja?
En definitiva, improvisación, demagogia, manipulación y contradicciones para envolver un nuevo machetazo al bolsillo de los españoles. Y van ya …
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Yorick
Lo que los políticos socialdemócratas denominan «progresividad fiscal» no es más que una tremenda falacia. De justicia parece que pague más el que más tiene, así que todos los contribuyentes, independientemente de su renta, deberían ser gravados con el mismo porcentaje. Eso es equidad. Pongamos que el porcentaje fuese de un 10 %, también conocido como diezmo. He aquí un ejemplo, asequible hasta para intelectuales de izquierda: – El que ganase 100.000 € al año pagaría 10.000 € al año. – El que ganase 10.000 € al año pagaría 1.000 € al año. Es decir, el que ganara diez veces más pagaría diez veces más. Progresivo y equitativo, ¿no?
Wesly
De acuerdo, hay que pagar impuestos, pero, antes de decidir cuánto hemos de pagar, habría que dejar absolutamente claras y resueltas tres cuestiones previas. La primera es delimitar, con criterios claros y perfectamente justificados, para qué es justo que se nos exija que paguemos impuestos. ¿Para subvencionar generosamente a partidos políticos y sindicatos?, ¿para pagar el sueldo y los privilegios de políticos y empleados públicos no sujetos a la competencia?, ¿para contratar a amigos y familiares de los políticos como funcionarios?, ¿para engordar una Administración mastodóntica e ineficiente?, ¿para repartir regalos, subsidios y subvenciones a cambio de votos para el partido del Gobierno?. La segunda es qué controles efectivos, qué criterios claros, qué procedimientos operativos, qué auditorias exhaustivas están ya implantados para asegurar 1) que todo el dinero público se gasta sólo de la forma más eficaz posible para servir al interés general, y 2) que todo intento de incumplir el punto 1 anterior será detectado y denunciado ante la justicia. Y la tercera es qué sanciones aumentadas están ya previstas en el código penal para castigar muy severamente el robo, la malversación, y la gestión negligente o desleal del dinero público. Mientras estas condiciones no se cumplan estrictamente, la arbitrariedad seguirá campando por sus respetos, y los privilegios (pagados con nuestros impuestos) seguirán siendo disfrutados por demasiados aprovechados.
Mazarino
TANTO EL ARTÍCULO DEL SR JARABO COMO LOS COMENTARIOS AL MISMO DEJAN AL DESCUBIERTO QUE ESTAMOS EN MANOS DE UNOS SINERGÜENZAS,MANGUTAS INÚTILES pero ¡OJOO! el trinque y el despilfarro incontrolado-a propósito- se lo aplican con rigor
Davidoff
La progrez que se arruina cada día con las facturas de la alimentación, la luz y el gas, celebrará ufana esta victoria roja contra la "ultraderecha". Pagarán muy caros los rebajados tapones, pero eso será lo de menos. Volverán a votar gobiernos comunistas. Hasta la ruina y más allá.