Ya estamos en junio y la Comisión Europea no ha aprobado el plan ‘ibérico’ para bajar la luz. Desde Bruselas explican a Vozpópuli que la medida se sigue estudiando “a nivel técnico”. La medida que publicaron España y Portugal en sus boletines oficiales hace 18 días está atascada mientras los precios eléctricos siguen descontrolando sus datos de inflación. 

Los técnicos de la Comisión ponen la lupa sobre cómo castiga el tope a los nuevos contratos de electricidad, renovaciones, revisiones de precio y prórrogas. El plan que lidera el Gobierno de Pedro Sánchez plantea que los hogares y empresas que renueven sus acuerdos a largo plazo con las comercializadoras, durante la vigencia de esta medida, actualicen sus precios para financiar la diferencia del precio del gas en el mercado y su límite. 

Un efecto que no cuadra en Bruselas. El límite al precio del gas topa el mercado mayorista de la electricidad y afecta a los consumidores que dependen de estos precios (los consumidores de la tarifa regulada), que a su vez son los que pagan el coste de esta medida temporal. El traslado de este coste a los contratos fijos abriría una gran brecha entre las empresas y sus grandes clientes a precios estables. 

Ese escenario desataría, según se denuncia desde las empresas, multitud de procesos judiciales contra la norma que no termina de encajar entre los reguladores europeos, según comentan fuentes conocedoras del proceso. Las dudas sobre este punto de la medida hacen que la medida no cumpla ese “par de semanas” que pronosticaba la ministra Teresa Ribera y que lleve a la medida a aprobarse en junio.

El propio Pedro Sánchez aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo que no hay acuerdo al respecto. El presidente ha querido defender que esta luz verde europea no ha llegado por su plan "tiene su complejidad" y reconoce que Bruselas sigue estudiando el borrador presentado el pasado 6 de mayo, lo que dilata aún más en el tiempo la hoja de ruta prevista por el Gobierno para frenar el repunte de la luz.  

Topar el gas para frenar la inflación

Esta medida es clave para frenar el recibo de la luz de los consumidores más vulnerables, que están obligados a acogerse a la tarifa regulada, y, sobre todo, para frenar el descontrol de la inflación cuanto antes. Aunque mientras se demora la medida, la inflación sigue creciendo.

Este dato recupera la senda ascendente en mayo tras la bajada lograda en abril respecto a la tasa del mes anterior con las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el precio de la energía. El IPC ha crecido un 8,7% en mayo en términos interanuales, unos niveles superiores en cuatro décimas a los registrados en abril (cuando repuntó un 8,3%), 

El límite al precio del gas que produce electricidad pretende llevar el precio del gas que produce electricidad de 80 euros megavatio hora (MWh) a una media de 48,8 euros/MWh hasta junio de 2023. Como el gas es la materia prima que marca la electricidad, la medida supondría reducir el mercado mayorista de la electricidad (pool) de los 200 euros/MWh a los 130 euros.

Las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica señala que por cada megavatio eléctrico se necesitan dos de gas más los costes de las emisiones de CO2, que llevaría a pagar a todas las tecnologías a este precio en el mercado marginalista.

Los grandes beneficiados de este ajuste son los consumidores acogidos a la tarifa regulada de la luz. El denominado Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que el presidente de Iberdrola definió como la tarifa de los "tontos" y la ministra Teresa Ribera como "la más rentable en los últimos años", es la única que depende de los precios diarios del mercado mayorista. Y son los únicos precios eléctricos que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para saber ofrecer los datos del Índice de precios de consumo (IPC).

Un cambio que no llega

Las eléctricas, el INE y el Gobierno trabajan para que en enero de 2023 ya el IPC cuente con el mercado libre, aquellos que tienen el precio estable y que representan al 65% de los consumidores, para incluirlos en la estadística de la inflación. Hasta entonces, solo la tarifa regulada afecta en esta estadística clave para partidas claves como las pensiones o el ajuste de sueldos públicos.

"La bajada contribuirá, además, a contener la subida del IPC y a mitigar la situación de las industrias que han tenido que reducir su demanda y ajustar la producción por no poder pagar la electricidad", destacaba el pasado 13 de mayo Teresa Ribera durante la explicación de su medida estrella para bajar la factura de la luz. Una contribución que, hasta que no llegue la luz verde de Bruselas, no se producirá.