El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, decreta silencio absoluto sobre el coste del Proyecto Transforma TSC, la plataforma de medición de impacto para pymes a nombre de Begoña Gómez pese a estar desarrollada en el seno de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la universidad pública. Y lo ha hecho poniendo como excusa el caso Koldo. Más concretamente, la investigación que está llevando al respecto el Senado. Un argumento llamativo, dado que Begoña Gómez no se encuentra en el listado de comparecientes que acudirán a esta Comisión de investigación.

A su vez, el rectorado se escuda en el proceso judicial abierto contra Gómez por el posible tráfico de influencias que investiga el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, una causa que ha solicitado llevar la Fiscalía Europea.

La Secretaría General de la UCM se ha negado a responder a las preguntas de Vozpópuli acerca del coste del software registrado por Gómez en la Oficina Española de Patentes y Marcas, junto con el dominio Transformatsc.org. Hasta la fecha sabemos que grandes firmas tecnológicas como Indra, Telefónica o Google, colaboraron altruistamente en la financiación del proyecto, con costes que ascendieron a los 150.000 euros, tal y como publicó El Confidencial.

Una vez que las compañías decidieron retirarse del proyecto por posible conflicto de intereses, la Complutense adjudicó un contrato público a Deloitte por 60.500 euros. Además, tal y como publicó El debate, Gómez firmó dos facturas que ascenderían a un importe superior a los 40.000 euros.

En respuesta a este periódico, la secretaria general de la UCM, Raquel Aguilera Izquierdo, quien actúa con las facultades delegadas rectorales mediante decreto 28/2023 de 28 de junio, se niega en nombre de la institución académica a detallar el coste total del Proyecto Transforma TSC, al tiempo que tampoco piensa remitir la "copia de los contratos celebrados para su puesta en marcha y ejecución y relación de financiadores de dicho Proyecto", pese a haberlos solicitado expresamente.

Del mismo modo, la Complutense ha puesto un candado en torno a las "actividades realizadas en el mencionado proyecto, memorias de resultados o evaluaciones presentadas", además de ocultar la "relación del personal participante en el mencionado proyecto, remuneraciones satisfechas y forma de selección del personal retribuido con copia del contrato formalizado o decreto o resolución de nombramiento".

El rectorado oculta de esta manera los emolumentos que ha recibido Carlos Barrabés -que ganó dos concursos públicos por 10 millones de euros tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez- por su labor como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva.

La excusa de Koldo

La Complutense ha tejido un argumentario para ocultar toda está información, basado en su deber de evitar un perjuicio para "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" que están en marcha alrededor de Begoña Gómez.

Según la universidad pública, conocer el coste del software de Begoña Gómez o las actividades realizadas en su máster "puede comprometer o perjudicar la investigación que está llevando a cabo la comisión de investigación creada en el Senado sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme”.

Una argumentación sorprendente, dado que la mujer del presidente del Gobierno ni siquiera figura en la lista de comparecientes aprobada en el Senado. Además, el Partido Popular no ha mostrado públicamente en ningún momento interés en hacer llamar a Begoña Gómez.

“Esta comisión de investigación ha requerido a la UCM presentar una documentación en tiempo y forma por considerarla necesaria para los trabajos de la misma; documentación coincidente con la solicitada”, apunta al respecto la universidad.

El otro argumento al que se agarra la universidad es la investigación abierta contra Gómez en un juzgado madrileño: "Es de conocimiento público que en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid existe abierto un procedimiento de diligencias previas (1146/2024) por un supuesto delito de corrupción en el sector público y tráfico de influencias, en el cual se está llevando a cabo una investigación que de la misma forma puede verse perjudicada".

En este caso, el foco está puesto en dos cuestiones: la relación entre Gómez y Globalia, matriz de Air Europa, y la posible vinculación entre la esposa del presidente y el rescate de la aerolínea en plena pandemia con 475 millones de euros; y la relación de Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que presentó cartas de recomendación de la esposa de Sánchez en dos concursos públicos de Red.es por 10 millones de euros. Tal y como ha publicado Vozpópuli, el empresario Barrabés fue borrado de la web del máster de Gómez una vez que se conoció su condición procesal de "investigada".

Esta opacidad parece una nueva forma de proteger a Begoña Gómez por parte de la UCM en la senda ya marcada por el rector, cuando quitó importancia al desarrollo de la plataforma y al coste que pudo suponer para las arcas de la universidad. Según publicó El Mundo, Goyache aseguró que "ese software no se hizo con dinero de la Universidad Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea, que yo no lo sé ni me importa".

Pese a las declaraciones de Goyache, la universidad ha puesto en marcha una investigación interna para comprobar quién es el titular de la plataforma TSC, que debería estar en propiedad de la universidad y no de Begoña Gómez.

Además, la Asamblea de Madrid, a instancias del PP, ya ha iniciado el procedimiento para investigar si ha existido trato de favor hacia Begoña Gómez por parte de la institución. Este periódico ha publicado las escrituras de Transforma TSC SL, la sociedad que ha creado Begoña Gómez, unos documentos que demuestran que se trata de una empresa que persigue hacer negocio y prevé la "distribución de beneficios", que tras el pago de impuestos, quedarán a su "libre disposición". 

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