El Gobierno se plantea, previsiblemente, una reforma constitucional encubierta para asumir el control del Poder Judicial. El plan que adelanto Pedro Sánchez en forma de ultimátum al PP, de momento un esbozo sin concreción alguna, para quitar al CGPJ la potestad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia choca con el artículo 122 de la Constitución, pero Moncloa se amparará en la "excepcionalidad" y el "interés general".
Ambos preceptos, políticos pero convertidos en jurídicos, aparecen en el preámbulo de la ley de amnistía sobre la que también tendrá que posicionarse el Constitucional. Y serán, con bastante probabilidad, el filtro con el que el tribunal de garantías podrá aceptar tal desafío al ordenamiento vigente. Esos son los mismos preceptos a los que se agarra el Gobierno para justificar la constitucionalidad de la medida de gracia pese a que esta figura no está validada por la ley fundamental.
El presidente, desde su atalaya al frente del Ejecutivo, se permitió lanzar un ultimátum en una entrevista en Televisión Española. Si el PP no se acepta negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, modificará por tercera vez la ley que lo regula. Y lo hará para privarle de su facultar de nombrar magistrados altos cargos.
Eso, en la práctica, implica desmontar el andamiaje que sustenta el Poder Judicial, que es un órgano constitucional. Cabe recordar que el artículo 122.2 da expresamente al órgano la competencia en materia de “nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”. Pero poco parece importarle al presidente del Gobierno, sumido en una deriva de control institucional sin apenas precedentes.
Basta recordar que Sánchez ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas dependientes de las órdenes jerárquicas del PSOE. Esta situación supone una afrenta a su independencia. Quizá una de las más afectadas -y señaladas- sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pero a esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libran algunos de los puestos de representación en el extranjero más jugosos, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco. Todos y cada uno de estos organismos tiene al frente a un 'colocado' por el presidente del Gobierno.
Ahora bien, la voluntad de Sánchez no puede con todo. La Justicia tiene mucho que decir sobre la partida de ajedrez que el núcleo duro de Moncloa está jugando para que el presidente permanezca al frente del Ejecutivo sin sobresaltos. Y sus movimientos pueden poner en jaque al 'rey'. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos.
Sánchez considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un "incentivo perverso" que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. Sánchez señala, por tanto, que se puede revisar esa facultad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y hacerla "más objetiva, más transparente y no politizada", como a su juicio ocurre ahora por parte del PP.
La idea de Sánchez, a falta de que se concrete, va en la línea del planteamiento que desde hace meses hace el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, y que incluso ha remitido a las presidencias tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Guilarte apuesta por la modificación del sistema de nombramientos, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Vicente Guilarte propone que los magistrados del Supremo sean a partir de ahora "elegidos por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario".
Como ya ha contado este diario, el plan de intentar forzar la renovación sin acuerdo previo con la oposición despierta el recelo de la judicatura, desde donde interpreta que Moncloa busca "colonizar" el Poder Judicial. Podemos ya registró una iniciativa a tal efecto en la Cámara Baja. Cabe recordar que el Ejecutivo prohibió por ley al actual CGPJ ejecutar las designaciones de vacantes al encontrarse en funciones. La iniciativa de Podemos se recibió como un "asalto" que, además, va en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea (UE).
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SonWeb
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La presión del sanchismo sobre la Justicia es una táctica partidista más que una solución al problema del bloqueo judicial. Tanto el PSOE como el PP han utilizado el CGPJ como herramienta política. Sánchez intenta modificar la ley del Poder Judicial sin consenso político, con el objetivo de consolidar aún más el control del Ejecutivo sobre los magistrados, comprometiendo así la separación de poderes. Otro ejemplo más de autoritarismo sobre las instituciones públicas. Apuesto a que esta reforma unilateral aumentará la polarización, tensionando aún más el funcionamiento jurídico. Por otro lado, la sumisión del fiscal general como factótum del Gobierno demuestra todavía más la intervención sanchista en las decisiones judiciales, una amenaza para la integridad del sistema judicial.
Publio Cornelio
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El Gobierno es como un cáncer que pudre a través de metástasis todo aquello que toca y nosotros sin hacer nada hasta que sea tarde, después solo habrá lamentaciones
Oberheim
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Sánchez está dispuesto a empujar a los españoles a una guerra civil con tal de impedir que se juzguen las mascarillas, a su mujer y a su hermano.
Tintin
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A ver, que el Pp lleva en desacato flagrante de la Constitución 5 años, tampoco pueden presumir mucho. Eso, de facto, es una forma de cambiar la Constitución, porque, sino cumples con lo que estipula, si, con tus actos, te saltas las obligaciones constitucionales, estás anulando la vigencia de esos preceptos.
Tobias
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Para los que comentan que el Pp está incumpliendo la Constitución, creo que se equivocan, porque la constitución dice que la renovación de los vocales se hará conforme a la ley, creo que orgánica, pero esta ley no fija plazos, con lo que no se está incumpliendo la constitución. De hecho, en la última modificación de esta ley orgánica, el Tc de entonces la dió por buena, pero ya advirtió que se podría producir una situación de bloqueo, como así ha sido. El problema, para mí, es que desde hace unos años, el Pp se ha negado a establecer el pasteleo habitual de cambio de cromos (por cierto, pésimo comportamiento de ambos partidos hasta entonces). Ha visto que puede hacer oposición, planteando un cambio de ley, que es precisamente la que quiere Europa para sus países, donde el poder judicial queda más libre de actuar. Pero eso, una justicia más independiente, no encaja ni de lejos, con las formas de actuar del autócrata que vive en la Moncloa, donde desea tener un poder absoluto, justicia incluida, y más ahora que todo le quema, partido y familia incluidos.
Pontevedresa
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¡Que foto de dos energúmenos¡ Bolaños pelo de adolescente y cabeza de chorlito al Fiscal General del Gobierno mejor no calificar su expresión extraña y su risa tonta, dos tipos tóxicos para España al servicio de un infame gobierno Frankestein.
xaxonem
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¡Ánimo, que el tercer bando va a ganar las elecciones!
Titiritero
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El misterio es por qué Cs no presenta a Aguado si lo ha hecho tan requetebien...
Arcano1964
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¿A como paga Inés los publirreportajes? Por si interesa hacer alguno...
MAM
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Y Angel Garrido? Presidente de la CAM que acabó en Cs... Erais un partido necesario que habéis convertido en una caricatura. Manifiesto de extinción ya. Por favor, que tenéis gente muy válida para seguir haciendo el ridículo.
Elfrutero
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Se plantea previsiblemente...hasta ahí he leído.
Wesly
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A ver, Tintin, quien está desacatando la Constitución es el Parlamento, que es el órgano al que compete nombrar a los miembros del CGPJ, después de que el PSOE de Felipe González cambió ilegítimamente la Constitución para que 12 de los 20 miembros del CGPJ (como establece la Constitución) no fueran elegidos por jueces entre jueces sino que todos los 20 miembros fueran elegidos por el Parlamento. Y los partidos del Parlamento que disponen de las mayorías necesarias para efectuar tales nombramientos, el PP y el PSOE, no se ponen de acuerdo, es cierto. Pero si dos no se ponen de acuerdo es culpa de los dos, no de uno sólo. El PSOE pretende colonizar, con sus peones más sectarios y obedientes, también el CGPJ, y el PP pretende volver a la fórmula constitucional, que es la que también defiende la Unión Europea. Así que, Tintin, menos repetir como un lorito las consignas sectarias del líder de tu secta, y más reconocer cuál es la realidad.
Sevilla
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El cateto de las mangas largas de la americana lo lleva crudo.