Estudiantes y sindicatos se rebelan contra algunos postulados de la 'ley Castells' al considerar que ataca la democracia interna en las universidades españolas. Desde que el Consejo de Ministros aprobase este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), las críticas por parte de algunos sectores de la comunidad universitaria no han dejado de florecer. Sobre todo contra determinadas medidas como las que atañen a la elección de rector y a los requisitos para ocupar ese cargo.
Durante la presentación de la nueva norma, Castells hizo hincapié en que, "para su elaboración", su departamento había consultado "a múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario, rectores, estudiantes, agentes sociales y todos los grupos parlamentarios" hasta formalizar un total de 70 reuniones.
La puntualización del ministro se produjo un día después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciase no haber sido consultada para abordar el borrador que irá al Congreso de los Diputados tras el 'sí' del Gobierno. En la misma línea, se han pronunciado otros sindicatos como Comisiones Obreras e, incluso, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).
Castells alega 70 reuniones
"El Ministerio de Universidades presenta una nueva ley que reduce la democracia interna y empeora la Educación Superior. El anteproyecto no ha sido consultado, y mucho menos negociado, con los agentes sociales", denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO.
Entre otros aspectos, los de Unai Sordo critican que la 'ley Castells' se ocupa extensamente de definir un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública "presidencialista y gerencial" en torno a la figura del rector "en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación".
La reforma del Gobierno contempla la posibilidad de que la elección del rector se realice por un comité de 20 personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad
La reforma del Gobierno contempla la posibilidad de que la elección del rector se realice por un comité de 20 personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad, que se disminuye y modifica la composición del claustro. Además, señala CCOO, excepto la formulación y aprobación de los estatutos, sus funciones y competencias se reducen a las de un órgano meramente consultivo.
"El rector tiene que rendir menos cuentas y designa al resto de órganos de gobierno unipersonales. Los departamentos carecen de regulación expresa y se refuerzan los Consejos Sociales en la política universitaria, excluyendo a cualquier integrante de la comunidad universitaria", recriminan desde la organización.
Estudiantes de CREUP hablan de retroceso
La reforma de Castells también ha recibido críticas por parte del estudiantado universitario integrado en CREUP. La entidad considera que la LOSU supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades y en los derechos estudiantiles.
El titular de Universidades aseguró que los estudiantes eran "la razón de ser de la universidad", pero los que forman parte de CREUP consideran que su ley supone una merma de derechos estudiantiles, viéndose significativamente reducida a su vez su participación en la democracia interna universitaria, limitada en función de su participación en las elecciones a rector".
Rechazan -dicen- que la ley impulsada por Castells incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, considerando que perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades.
"El sistema electoral actual, con un voto prorrateado por grupos universitarios (profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios), pasará a estar limitado en función del porcentaje de participación, lo que supondrá una devaluación del voto de los estudiantes", critican.
"Una verdadera democracia efectiva es aquella en la cual cada persona representa un voto, algo que no se veía reflejado en la LOU, pero que se ha visto empeorado en la 'ley Castells'", concluyen.
Reunión con los rectores el viernes
Algo más benévolo se ha mostrado el sindicato UGT, que ha destacado que la nueva norma contempla el aumento hasta el 55% del porcentaje obligatorio de PDI funcionario "como habíamos reivindicado". "Desafortunadamente, el porcentaje de PDI con contrato temporal podrá ser del 20%, mejorando el porcentaje actual del 40%, pero que resulta incoherente con las normas que están rigiendo actualmente la estabilización de los empleados públicos", sostienen.
"El régimen de dedicación del PDI funcionario se establece entre 120 y 240 horas lectivas por curso académico. El cambio de horas desde la medición anterior en créditos fue una propuesta de UGT que se ha aceptado", reconoce el sindicato.
UGT no se ha pronunciado en su comunicado oficial sobre la relajación en los requisitos para ser rector que propone Castells y tampoco sobre los cambios en el proceso de elección. Los rectores de las universidades españolas aún guardan silencio ante la reforma. No hay respuesta por parte de CRUE y sus representantes planean reunirse con Castells este viernes.
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