La resolución dictada por el juez Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tiene precedentes en el panorama judicial español. Es muy grave que un magistrado se vea forzado a dejar constancia por escrito, y ordene, que el letrado de la Administración de Justicia adscrito a su juzgado -la figura del antiguo secretario judicial- monitorice, supervise y hasta vigile las “frecuentes” e “inusuales” visitas “personales” del fiscal del caso al Juzgado para conocer con urgencia, y de primera mano, las resoluciones que se dicten respecto a la esposa de Pedro Sánchez. E incluso, las resoluciones que no se han dictado y puedan dictarse. El afán de control de la Fiscalía, también en este caso, como ocurre con el evidente interés político en el procedimiento que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, demuestra que no nos hallamos ante un funcionamiento normal de la Administración de Justicia, sino ante un caso de presión intolerable. Más parece que la Fiscalía, en lugar de ser el garante de la legalidad y del proceso, actúa como el abogado defensor de Begoña Gómez para que nada que pueda hacer, pensar, dictar o resolver el juez sea conocido por alguien antes de que tenga conocimiento el propio fiscal general, que como afirmó Pedro Sánchez, depende del Gobierno. “Pues ya está”.

La conducta del fiscal, su desmesurado interés en conocer cada entresijo, raya en el acoso a los funcionarios del Juzgado en sus “constantes” visitas. Y, con toda probabilidad, esas “constantes” visitas no se producen en ninguna de las otras decenas de causas en las que participe la Fiscalía con ningún otro ciudadano español

El juez Peinado es el juez predeterminado por la ley, como establece la Constitución, al que por reparto ha correspondido este procedimiento. Y como tal, su independencia ha de ser preservada. En este contexto, la conducta del fiscal, su desmesurado interés en conocer cada entresijo, raya en el acoso a los funcionarios del Juzgado en sus “constantes” visitas. Y, con toda probabilidad, esas “constantes” visitas no se producen en ninguna de las otras decenas de causas en las que participe la Fiscalía con ningún otro ciudadano español. Es un interés jurídico tan atípico, y una preocupación tan insólita y tan vinculada a un evidente afán de control del proceso, que sólo puede deberse a órdenes jerárquicas directa o indirectamente transmitidas. Es justo eso lo que ya se investiga en el caso del novio de Díaz Ayuso, y la advertencia lanzada por el juez Peinado retrata mucho, demasiado, la ‘militarización’ de la Fiscalía que ha impuesto Álvaro García Ortiz.

En el fondo, es la democracia lo que se resiente y la independencia de los jueces, la separación de poderes, lo que se combate

Es notorio el interés de La Moncloa por cortocircuitar o manejar a su antojo a través de la Fiscalía cualquier procedimiento judicial, bien porque le perjudique, bien porque le beneficie. Las conclusiones no pueden ser otras que una nueva muesca en la pérdida de reputación de la Fiscalía, una obsesión por evitar cualquier daño político derivado de las opacas actividades empresariales de Begoña Gómez y, sobre todo, un forzamiento, otro más, de las costuras de nuestra democracia en favor de los exclusivos intereses del presidente del Gobierno. Y para ello, el Gobierno no se para en barras para que cualquier institución, como de nuevo ocurre ahora la Fiscalía, quede sojuzgada a esos intereses. En el fondo, es la democracia lo que se resiente y la independencia de los jueces, la separación de poderes, lo que se combate.   

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