Se llama Proyecto Brod, tiene que ver con un encargo para espiar a unos hermanos empresarios y apareció entre la documentación incautada al excomisario José Villarejo. Este es el origen de la Pieza 18 del macrocaso en el que se investigan las actividades del polémico mando por las que el lunes tendrá que dar explicaciones en la Audiencia Nacional como investigado el presidente de La Razón y hombre fuerte del Grupo Planeta, Mauricio Casals.
En el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli figuran varios documentos, entre los que destaca un informe preliminar junto a un estudio económico. Aparecieron en casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo. Como en otras tramas del caso, detalla una estrategias a seguir y el coste que va a suponerle al cliente que pague por sus servicios. Solo ese documento de apenas once folios ya estaba valorado en 9.000 euros. Una primera fase de trabajos ascendía a 275.000 euros a pagar en un plazo de cinco días.
Se calcula el coste de pagar honorarios durante 60 días, hacer vigilancias, seguimientos, filmaciones o adquirir sensores electrónicos si fuese necesario. También pagos a informaciones nacionales o extranjeros (hasta 100.000 euros, no más de 30.000 euros por confidente). Planteaba una posibilidad de éxito del 85%.
"Su círculo más íntimo"
En esta pieza lo que se investiga son los trabajos de espionaje que Villarejo hizo presuntamente en 2013 sobre los empresarios de las telecomunicaciones, Ignacio y Javier Pérez Dolset, enfrentados al Grupo Planeta. El informe lo que propone es “conocer sus debilidades/irregularidades” y “anticiparse a sus actos proporcionando un amplio caudal informativo que permita la adopción de las acciones legales pertinentes”. También “generar desconcierto y/o desconfianza con su círculo más íntimo con continuas maniobras de desconcierto”.
En aquellos años Villarejo todavía estaba en activo en la Policía Nacional por lo que la Fiscalía Anticorrupción pide investigar un presunto delito de cohecho. Lo que no tienen claro los investigadores ni el juez es quién hizo el encargo. Un informe de la Policía dice que no hay rastro de pagos por los trabajos. Esas dudas motivaron que el magistrado Manuel García Castellón archivase hace meses sus pesquisas, pero la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlas y citar a declarar a Casals.
El propio Villarejo señaló al presidente de La Razón en su declaración judicial a la que ha tenido acceso este periódico: “Me dijo que tenía problemas con estas personas (los hermanos Pérez Dolset) porque habían sido socios”, declaró el ex comisario. Villarejo apuntó a un interés de hacerle “un favor” teniendo en cuenta las relaciones que tenía Casals: “Cuando solo figuraba como editor, todos sabíamos de su peso específico”.
"Sus principales directivos"
En el documento, de hecho, se incluye una descripción inicial en la que se deduce que Villarejo no actuaba para un particular, sino para una empresa: “Como consecuencia de desavenencias mercantiles que pudieran terminar en los tribunales, K (el cliente) ha sufrido una premeditada estrategia de acoso y desgaste, unido al riesgo de que por parte de DOL (los hermanos Dolset) se activará una campaña de ataques desde todos los frentes: económico, social, social, jurídico, mediático, etc., que aún cuando en un principio se puede limitar solo a la empresa, podría alcanzar también a sus principales directivos desde el punto de vista personal”.
Según las primeras conclusiones del documento, los movimientos de los Pérez Dolset "pueden tener como objetivo, perjudicar de manera grave y gratuita el prestigio de K y con ello, conseguir para DOL unas excepcionales condiciones en la actual relación contractual". Bajo la advertencia de "Información Confidencial", ese Informe Preliminar al que su autor se refiere como (PI). Era una fórmula habitual de la empresa de Villarejo, Cenyt. También la de preservar la identidad de las personas que le contrataban.
Sobre los hermanos Dolset incluye datos personales, familiares o de sus empresas. El estudio preliminar valorado en 9.000 euros -que se llegó a elaborar- se divide en nueve apartados, uno de ellos se llama “Plan de actuación”. Les acusa de “dudosa moralidad” por el “uso sistemático de detectives privados en cada ocasión que surgen las mínimas desavenencias en los negocios donde intervienen”.
"Penetración en su entorno personal"
El informe refiere a “fuentes fiables (FF)” para sostener que dedican “entre el 5% y el 8% del total de importe en ‘supuesto riesgo’ en cada operación, para que puedan jugar con ventaja, consiguiendo información comprometedora del adversario”. Cita como ejemplo un caso en el que pagó 500.000 euros a una empresa de detectives de Barcelona.
Añade que “un breve movimiento de penetración en su entorno personal y/o personal ha permitido evaluar en cierta medida su estrategia, cargada de tic de complejos de superioridad con una excesiva carga de autoestima y ciertas conductas sociópatas”. Advierte también de que “se han intercambiado ciertas informaciones con contactos, con los que llegado el momento, se colaboraría bajo la condición de mantener esa relación discreta”.
Según el análisis del entramado empresarial que hacía el documento, los hermanos Dolset eran propietarios de un 45% del Grupo Lanetro Zed junto a Grupo Planeta, con cerca del 20% de las acciones, Torreal, un 10% (sociedad de inversión Juan Abelló), el fondo estadounidense Veronis Suhler Stevenson (10%) y el BSCH (Banco Santander Central Hispano). Añade que la compañía, que factura unos 600 millones de euros y tiene un beneficio bruto de explotación de 50 millones.
Villarejo admitió en su declaración que Casals le dijo que tenía problemas con los Pérez Dolset y que habían sido socios. El presidente de La Razón fue imputado en 2017 por la Audiencia Nacional en una operación que fue bautizada con el nombre de 'Hanta'. La Fiscalía consideró que hizo uso de sus contactos en el Gobierno y varios ministerios, principalmente en el Ministerio de Industria, para favorecer a Javier Pérez Dolset con subvenciones públicas y préstamos, según informó El Español.
El informe incautado a Villarejo está redactado cuatro años antes y no alude a nada de eso. Sí se refiere en cambio a un largo litigio entre el Grupo Zed de los Dolset y el BSCH (Banco Santander Central Hispano) -a ninguno de los dos se refiere como K (cliente)- que finalizó con un acuerdo extrajudicial entre ambos. Advertía el documento que habían pasado de enemigos a socios y que pretendían “salir a bolsa de nuevo a medio plazo, tras los intentos fallidos del año 2000 y de 2006”.
