"Sumamos esfuerzos para aliviar la situación del sector de la construcción, un pilar fundamental para la creación de empleo en Andalucía". El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, anunciaba así este martes el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, conformado por PP y Cs, para actualizar el precio de los contratos de obra pública ante el aumento de costes de materiales, motivado por la inflación.

Con esta nueva normativa del Ejecutivo que preside Juanma Moreno –dotada con 71,5 millones de euros– se pretende "mejorar y complementar" el decreto ya aprobado por el Gobierno de Sánchez. Se busca evitar a toda costa el colapso de la obra pública en Andalucía, que acarrearía la paralización de trabajos ya iniciados, así como la destrucción de empleo en este sector. Los adjudicatarios de la Junta de Andalucía podrán incrementar precios hasta un veinte por ciento, tras el encarecimiento de los materiales.

Mediantre este decreto ley, ha explicado el también portavoz de la Junta, se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras para desarrollar y complementar las medidas estatales previstas en el título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el RDL 6/2022, de 29 de marzo. Todo ello en base a las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. 

"La Junta da un paso más para mejorar lo aprobado por el Gobierno de España, es decir, para mejorar un decreto (modificado ya en una ocasión) que es insuficiente para el sector porque deja muchas obras fuera de esta excepcionalidad", ha criticado Bendodo a la hora de anunciar la medida.

De hecho, el decreto ley andaluz "mejora la cobertura a muchos contratos", recalca el gobernante, y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

A diferencia de la norma del Gobierno central, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre). 

En base a todo lo anterior se compensa así a las empresas del sector de la construcción que son contratistas de la administración autonómica, a raíz de los sobrecostes que vienen padeciendo. El encarecimiento de los materiales se ha visto acompañado de factores como la invasión rusa en Ucrania o la reciente huelga de transportes.

Bendodo ha destacado también que la citada normativa, aprobada este martes, otorga la posibilidad de que se sumen al decreto ley los ayuntamientos y las universidades. De forma paralela se suprimen las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material. Se permite la sustitución de materiales siempre que no alteren la calidad del producto.

Por otro lado, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios. Se estima que el alza de los precios puede estar en una horquilla entre el 10% y el 20%, que es el tope máximo que impone el Estado para la revisión de los precios. El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades.

Se estima que el impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sea de 59 millones de euros (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021). Si bien dicha cantidad puede elevarse, según la evolución de los índices en 2022 y 2023.

La medida aprobad también afecta a otras consejerías con obras como las de Salud y Familias, Educación y Deporte, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Cultura y Patrimonio Histórico y de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que están analizando la repercusión de la medida.

La preocupación de Moreno por la inflación en la construcción y las posibles elecciones en junio

En el marco del relato que ha construido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para justificar la posible celebración de elecciones en junio también está el aumento de costes en los materiales del sector de la construcción en el sector de la obra pública y el colapso de la misma que podría producirse. La pasada semana el gobernante del Partido Popular introdujo el elemento de la "situación inflacionista" por la que atraviesa Andalucía, junto al resto de España, como un argumento más que añadir a la complejidad de trabajar con el Presupuesto de 2021 prorrogado en 2022.

"Si ya de por sí los Presupuestos Generales con los que trabaja el Gobierno de Sánchez son papel mojado, estando en vigor, imagínense los de Andalucía, que son de 2021", lamentó Moreno Bonilla tras recordar que fueron tumbados por el voto en contra de Vox –su socio de legislatura para aprobar tres presupuestos anteriores– el PSOE y Unidas Podemos.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a su vez flamante 'número 3' del PP nacional, como coordinador general, repite estos días que en el Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos "trabajamos con una mano atada a la espalda", en alusión a gestionar unas cuentas prorrogadas. De ahí que el principal motivo para unos comicios en junio sea salir de los mismos con un nuevo Ejecutivo que tenga un presupuesto nuevo a la vuelta del verano.

A pesar de las discrepancias expresadas, de forma pública, por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al estar en desacuerdo con unas elecciones en junio y ser partidario de octubre, el presidente Moreno ha asegurado en la mañana de este miércoles que "ayer –por el martes– estuve dándole las razones por las que podría no ser un error ser en junio y creo que lo ha entendido", ha expuesto para referirse a su socio de coalición.

Dentro de que, según Moreno, "no tenemos nada decidido" en relación a si la cita con las urnas será en junio, o por el contrario en octubre, Marín "está en su pleno derecho de discrepar de cualquier decisión del Gobierno". Si bien –ha añadido en declaraciones a los periodistas– "eso no lastra para decir que la relación política con el señor Marín y con Ciudadanos es muy buena", ha aclarado el presidente de la Junta ante la insistencia de desavenencias en la coalición gubernamental, derivadas por este desencuentro sobre la fecha electoral.

Quien se ha convertido en el principal aliado de Feijóo, tras la llegada de éste a la presidencia del PP en Génova 13, se muestra convencido de que PP y Cs terminarán la legislatura andaluza "con unas relaciones muy buenas y muy fluidas", más allá de que el deseo de la formación liberal sea agotar el mandato, al menos hasta octubre, o en el mejor de los casos para el partido de Inés Arrimadas, noviembre, mes tope para acudir a votar.