El Ayuntamiento de Madrid continúa bajando el número de multas que imponen los agentes de policía municipal por el botellón que se practica en muchas calles y plazas de la ciudad. El pasado mes de septiembre, último sobre el que se tienen datos, se impusieron 2.998 frente a las 3.240 del año anterior.
En algunas ocasiones la cifra de sanciones ha superado las cuatro mil, pero desde la llegada del equipo de Ahora Madrid al poder han ido bajando paulatinamente.
Una de las propuestas que se hizo desde la Concejalía de Seguridad fue la de cambiar las sanciones por actividades culturales, lo que supuso un duro golpe al ánimo de los policías que sancionan por cumplir las leyes.
Los agentes acuden a multar a botellones ante la denuncia de los vecinos que tienen derecho al descanso. La actividad del botellón suele ir acompañada de ruido tanto en invierno como en verano, lo que hace a los vecinos reclamar la presencia de las patrullas.
El descenso en el número de sanciones viene dado en la mayor parte de los casos en la desmotivación de los funcionarios.
“La Policía Municipal -dice un experto agente- sigue en su deriva, sin capitán y sin rumbo donde los políticos actuales no solo no han sabido luchar contra la desmotivación instalada desde hace ya años, sino que además se han situado en una posición de rechazo mayoritaria, creando unidades ‘raras’, trayendo a mandos de fuera para mandarlas y aplicando unos criterios en materia de seguridad ciudadana mas próximos a los años 60 que al siglo XXI”.
Además de la desmotivación porque los agentes saben que no están respaldados por sus jefes, está la deriva judicial.
Los policías denuncian a los consumidores, pero han sido advertidos por sus jefes que no deben poner en los partes expresiones como “al parecer es alcohol” o “supuestamente es cerveza”,… La razón es que no existe aún un sistema para probar que lo que se bebe es alcohol.
El sindicato CSIT-Unión Profesional ha enviado al director general de la Policía Municipal un informe en el que explican la situación en la que se encuentran al no poder probar lo que se consume. “No hay un protocolo para confiscar la prueba, ni una cadena de almacenamiento y custodia”, dicen.
El informe señala que la Policía ha podido comprobar las brechas jurídicas del sistema actual de sanciones, que son revocadas constantemente por los tribunales que consideran que no se acredita lo que se consume.
Los juzgados señalan que no hay análisis alguno de que lo que bebían era alcohol, no se acredita fehacientemente la infracción por lo que se pierden la mayor parte de los procedimientos.
Defensor del Pueblo
Incluso el Defensor del Pueblo ha remitido al Ayuntamiento un gran número de quejas y recomendaciones sobre este problema de seguridad jurídica, sin que el Ayuntamiento, a pesar de las peticiones, haya tomado medida alguna.
Otra de las irregularidades es que sólo se identificaba al infractor, pero no se le entregaba copia de la denuncia.
Este sindicato ha propuesto que la policía entregue al sancionado una notificación de la infracción y tras recoger una muestra de lo que se bebe en un recipiente le ofrezca la posibilidad de un periodo probatorio. El que se acoja a este sistema debería pagar una tasa de 57 euros, que es lo que se calcula es el coste de probar de qué sustancia se trata. Si no era alcohol se le devuelve el dinero.
Esta situación, que está regulada por un decreto según el sindicato, haría que la mayor parte de los consumidores aceptaran las sanciones, o buscara la ‘rebaja’ de la multa de 600 euros mediante el pago reducido.
