José María Aznar tocó el gobierno el 5 de mayo de 1996 pero no tocó el poder hasta que controló las finanzas que lo alimentan. Eso se oficializó cuatro meses después de su victoria electoral, el 11 de septiembre de 1996, cuando Miguel Blesa de la Parra fue designado presidente de Caja Madrid. Desde entonces, la historia del presidente de la caja se ha leído siempre como la del compañero de oposición de un presidente que había acudido a estudiar a su casa o –como relata Aznar en su biografía—la del vecino con quien se jugó a cara o cruz los pisos en los que ambos vivirían con sus esposas. Pero el escándalo de las tarjetas de crédito opacas en la entidad refleja que el presidente de Caja Madrid no sólo fue el hombre de Aznar sino que también lo fue de Comisiones Obreras: el 6 de septiembre de 1996, Blesa firmó un documento conocido como el “consenso de la caja”, un pacto de 8 folios y 19 cláusulas con CC.OO. y el Partido Comunista que le garantizaba el poder. La versión oficial de los implicados es que jamás hubo contrapartidas personales pero la Fiscalía Anticorrupción parece haber puesto esta semana precio a ese apoyo: 15,5 millones de euros mediante un sistema de pagos con tarjetas de crédito opacas “fuera del circuito normal de tarjetas de empresa” –afirma el fiscal—utilizadas “para fines no vinculados con la actividad de la entidad” y que premiaban a los afines a cambio de garantizar la estabilidad en el poder.
Las tarjetas premiaban la afinidad a cambio de garantizar la continuidad de Blesa en la caja
El sistema de las tarjetas fue la forma de pagar personalmente los servicios a quienes garantizaban la continuidad en el poder, explican fuentes de la propia entidad, después de que el pacto con Comisiones hubiera blindado los pagos en lo institucional. El pago de voluntades debía cumplir dos requisitos: primero apariencia de legalidad y segundo generalidad, para evitar excluidos que pudieran denunciar a los beneficiados. Dos hombres se encargaron de ello: Ildefonso Sánchez-Barcoj diseñó el sistema y el propio presidente de la entidad lo aplicó para recompensar afinidades o castigar deslealtades.
- Ildefonso Sánchez-Barcoj obtuvo 498.000 euros a través de las tarjetas opacas que se auto-concedió y que se sumaban a los 9,7 millones de euros de salario que cobró sólo entre 2007 y 2011. Hombre de confianza del presidente, creció a la sombra de Blesa quien le promocionó desde la dirección de auditoría a la dirección de banca comercial, la dirección de la filial de banca privada y a la dirección general de Medios, a la que añadió finalmente la dirección financiera. Sánchez-Barcoj se encargó personalmente de la gestión de las tarjetas: él comunicaba las nuevas concesiones, promocionaba o degradaba a los premiados modificando los límites de crédito y todas las gestiones se planteaban a sus secretarias quienes dirigían esas peticiones al Departamento de Tarjetas. “La gestión de las tarjetas se realizaba y gestionaba de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la Entidad”, denuncia la auditoría realizada ahora por Bankia que subraya que “las liquidaciones de tarjetas a pagar en esta cuenta eran aplicadas y registradas manualmente por el Área de Contabilidad”.
- Miguel Blesa –que cargó 436.500 euros a sus tarjeta opaca—recompensó a quienes le ayudaron a controlar la entidad. La representante del sindicato, María Jesús Paredes y su marido, Francisco Baquero, son los artífices del pacto del 96 al que se sumó el comunista José Antonio Moral Santín. Ellos son, casualmente, los más beneficiados por las tarjetas opacas. En nombre de Izquierda Unida, Moral Santín ingresó 456.500 euros, sólo superado por Sánchez-Barcoj y con un gasto mayor que el del propio Blesa, mientras que Francisco Baquero fue el quinto mejor tratado con cargos de 266.400 euros a su tarjeta y un sistema de retribución a medida.
Sin embargo, el sistema de recompensa de favores no terminó con Blesa. Según revela el detalle de gastos presentado por el FROB y por la auditoría interna de Bankia, el fraude de 15.494.300 euros también continuó con Rodrigo Rato al frente de Bankia hasta 2012. Así, los pagos sumaron 15.249.300 euros entre 2003 y 2012 en Caja Madrid y otros 245.200 cargados a Bankia entre 2011 y 2012. “La utilización de estas tarjetas no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de los disponentes, como ejemplos, los elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo”, concluye el FROB.
El problema desde el otro lado
La corrupción desde el lado de los pagos parece sobradamente probada ya, hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción ha planteado que los hechos son “indiciarios de un delito societario y apropiación indebida”. Sin embargo, desde el lado de quienes recibieron los fondos no todos los perceptores admiten ser culpables y no todos parecen serlo por igual.
Francisco Baquero, quien cargó 266.400€ a sus tarjetas en negro, y Pedro Bedía, que facturó 78.200€, tienen, además, sistemas de retribución “a la medida”, según reflejan los e-mails que Sánchez Barcoj y Enrique de la Torre cruzaron. Junto a ellos, otros cargos de CC.OO. e Izquierda Unida parecían estar al tanto de su creciente línea de crédito en negro. Pero otros nombres han alegado desconocer la irregularidad e incluso han devuelto el dinero para intentar subsanar el fraude.
El FROB cree que no hay inocentes: hubo gastos personales y no se tributó ante Hacienda
La Justicia tendrá que decidir si todos son culpables y si lo son por igual, pero en sus documentos internos, el FROB niega ya que haya ningún inocente: “Caben a priori dos posibilidades en la percepción mental de los receptores del medio de pago: i.- que consideren que es una tarjeta de empresa lo cual no legitima el uso particular de la misma o ii.- que consideren que es un concepto derivado de su relación laboral o mercantil en cuyo caso debieron declarar y tributar por tal concepto sin que conste que lo hayan hecho”, concluye el director de la Asesoría Jurídica del FROB, Alfonso Cárcamo, el fondo que pagó el rescate con dinero público.
El saldo contable
Pero las claves económicas del escándalo de las tarjetas dejan un asunto mucho más preocupante que el de la demanda y la oferta de favores internos: 15,5 millones de agujero son insignificantes en comparación con el desfalco global que requirió 22.424 millones de dinero público para reflotar Caja Madrid. 15,5 millones apenas son un 0,0006% de un problema en el que el 99,9994% del desfase contable se fue en favores políticos y operaciones ruinosas de una entidad que, como tantas otras cajas, actuó como tesorería del partido y de la comunidad autónoma que la controlaba. Una vez más, el poder político deja una factura que no pueden enjugar sólo 86 ejecutivos con tarjetas opacas y por las que los únicos paganos hasta el momento han sido los ciudadanos.
