Una empleada de hogar, su marido y un trabajador de un banco han aceptado condenas mínimas de prisión tras admitir haber estafado casi 100.000 euros a la anciana para la que trabajó la primera durante once años, una vez que ésta había fallecido.
El acuerdo de conformidad implica que los tres acusados no entrarán en prisión al ser sus condenas inferiores a los dos años de prisión y también conlleva la devolución en un plazo de 5 años de lo estafado (99.715 euros), aunque en su momento Daniela M.G. y su marido, Mircea C.G., ya entregaron 52.900 euros y los objetos de la anciana de los que se habían apropiado.
En concreto, el empleado del banco y Mircea C.G. serán condenados a un año y tres meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad de documento mercantil, en tanto que la empleada ha aceptado nueve meses de cárcel por falsedad de documento mercantil y privado.
La Fiscalía pedía siete años de prisión
La Fiscalía pedía siete años de cárcel para el empleado del banco, ocho años y seis meses para la empleada de hogar de la víctima y siete años para su marido.
En su escrito de acusación, señalaba que la acusada trabajó durante once años como empleada de hogar en el domicilio de la víctima (hasta 2012), cuando la anciana ingresó en una residencia de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, donde falleció un año más tarde.
Añade que los tres acusados urdieron un plan para estafar a la mujer aprovechándose de que vivía sola y de que carecía de familiares directos.
Según la Fiscalía, el empleado de banca, Ángel M.M., se ocupó de dar las indicaciones al matrimonio para llevar a cabo la estafa cobrando por ello tres mil euros.
Agrega que Daniela M.G. firmó entre 2013 y 2014 un total de once cheques por un importe de 90.370 euros haciéndose pasar por la anciana, que cargó a una cuenta de la que era titular y única autorizada.
Utilizaron los datos personales de la mujer
Además, junto a su marido, usó la tarjeta de crédito de la anciana para realizar reintegros por valor de 74.290 euros y compras que ascendieron a 4.495 euros, siempre según el fiscal.
"El matrimonio llegó incluso a utilizar los datos personales de la fallecida para abrir una cuenta en otra entidad bancaria y para elaborar un testamento ológrafo a sabiendas de que la anciana había muerto y no había dejado herederos", señala la Fiscalía.