Uno de los gastos más polémicos del Ministerio de Defensa volverá a ser realidad en este 2017: el pago de apartamentos a militares en primera línea de playa durante la temporada estival, una controvertida partida que Interior sí eliminó para la Guardia Civil en la X Legislatura por razones de austeridad (ya sólo ofrece residencias ubicadas en acuartelamientos y no licita ningún contrato público para externalizar el servicio de alquiler a una agencia de viajes).
Según ha podido saber Vozpópuli, el departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal mantiene abiertos dos procedimientos para la contratación del servicio de reserva de 316 apartamentos destinados a personal del Ejército de Tierra y de la Armada. El importe presupuestado para ambos contratos asciende a 734.750 euros.
Para el personal militar de Tierra, se han dispuesto 446.000 euros, que servirá para sufragar 205 estancias. Por su parte, para los miembros de la Armada la cuantía se sitúa en 288.750 euros y la oferta es de 111 apartamentos. Los beneficiarios asumen la mitad del coste del mismo y el resto lo abona Defensa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a través de su Plan de Acción Social.
En este procedimiento del Ejército de Tierra, la asignación se divide en ocho zonas: Galicia, Asturias y Cantabria (20 apartamentos), Castellón, Valencia y Alicante (76), Murcia (27), Almería (10), Granada (8), Málaga (15), Cádiz (34) y Huelva (15). En la primera zona se contratarán del 16 de junio al 15 de septiembre, "seis quincenas", y en el resto del 1 de junio al 30 de septiembre, "ocho quincenas". Las localidades elegidas son Boiro, Fox, Sanxenxo, Llanes, Isla, Vinaroz, Peñíscola, Oropesa, Benicàssim, Gandía, Denia, Els Poblets, Calpe, Santa Pola, La Manga, Vera, Almuñécar, Caleta de Vélez, Torrox Costa, Barbate, Zahara de los Atunes, Caños de Meca, Chiclana, Puerto de Santa María, Isla Cristina e Isla Canela.
Los beneficiarios asumen la mitad del coste del alojamiento y el resto lo abona Defensa con cargo a los Presupuestos generales
Las empresas candidatas tuvieron de plazo hasta el pasado viernes para presentar sus sus ofertas. La adjudicación, tras el estudio de las propuestas, está prevista para el próximo 21 de febrero. Un aspecto que será especialmente valorado es la cercanía a la playa, pues se pedía que todos los inmuebles, salvo los de la costa Noroeste, se encuentren a menos de 400 metros del mar. No obstante, Defensa introduce una excepción: se aceptarán los apartamentos que se encuentren a un máximo de 800 metros, "si se trata de un producto de calidades y dotaciones por encima del habitual en la zona". En Galicia, Asturias y Cantabria podrán hallarse a un máximo de mil metros de distancia de la playa.
Entre las causas para rechazar ofertas, Defensa incluye que los alojamientos se ubiquen a menos de 50 metros de la línea de ferrocarril o que "se estén realizando o se prevean obras" en dicho perímetro. Tampoco pasarán el corte aquellos inmuebles localizados a menos de 200 metros de fábricas que produzcan "humos o malos olores".
"Vistas a la playa"
Respecto al contrato de apartamentos para el personal de la Armada, también está pendiente de adjudicación tras concluir el pasado diciembre el plazo de concurrencia de las agencias candidatas. Aquí se incluyen cuatro zonas con la siguiente oferta: Costa Norte (12 alojamientos), Galicia (30), Andalucía (30) y Levante (39). Los destinos son San Vicente de la Barquera (Cantabria), Ribadesella (Asturias), Sanxenxo, Baiona, Bueu y Portonovo (Pontevedra), Boiro (Coruña), Torrox (Málaga), Isla Cristina (Huelva), El Puerto de Santa María (Cádiz), Vera (Almería), Oropesa (Castellón), Playa de Gandía (Valencia), Denia (Alicante) y La Manga del Mar Menor (Murcia).
En este caso, uno de los criterios de valoración dice que "los apartamentos deberán estar como máximo a 2 kilómetros de la playa arenosa". No obstante, el pliego recoge que recibirán la mayor puntuación aquellos que se encuentren a "menos de 100 metros" del mar, tengan "vistas a la playa" y cuenten con piscina, aparcamiento e instalaciones deportivas en el mismo residencial.
Este prebendas fueron denunciadas por el exteniente Luis Gonzalo Segura en su libro Un paso al frente (Tropo Editores), donde se refiere a tales subvenciones de Defensa para costear apartamentos estivales como "caprichos presupuestarios".
