Las demandas a la banca han terminado por colapsar algunos juzgados de primera instancia, llegando a tardar un máximo de 55 meses en admitirse a trámite una demanda, tal y como sucedió en el Juzgado 101 Bis de Madrid, según datos recogidos por Asufin.

Este es un caso aislado, pero lo cierto es que los tiempos de espera son igualmente largos. Así, en Barcelona tarda una medía de 706 días y en Madrid, 722. Los periodos se acortan en otras provincias españolas, pero siguen siendo muy elevadas si se compara con otros países. Por ejemplo, en Vigo el tiempo medio es de 296 días; Toledo, 221 días; Córdoba, 247 días; Cádiz, 335 días; Alicante, 299 días y A Coruña, 202.

La presidenta de Asufín, Patricia Suárez, considera que este retraso en los juzgados "vulnera la tutelación efectiva" y que una "justicia lenta no es justicia". Por eso mismo, expone que es muy importante que la Autoridad de Protección al Cliente Financiero tenga poder suficiente como para multar a los bancos una medida que sería "disuasoria", bajo su punto de vista.

Para Suárez es de vital importancia que esta nueva autoridad sea completamente independiente del Ministerio de Economía y señala que es importante desligar los servicios de reclamación del Banco de España porque "no se puede llevar la supervisión bancaria, la solvencia, y al mismo tiempo la protección al cliente porque se contradice".

"Cuando tienes que hacer una cosa y la contraria siempre gana la más fuerte. En este caso es la solvencia del sistema financiero español", agrega Suárez. En este sentido, la representando de los consumidores financieros exige que haya multas para los bancos que reincidan en la misma mala praxis y además que devuelvan el dinero de manera automática. "No es algo que no se haga ya en otros países, no estoy inventando el hilo negro", expone.

En este sentido, recuerda que en la anterior crisis financiera, Banco Santander en Reino Unido se vio obligado a devolver todo el dinero de unos swaps que colocó a sus clientes británicos y fue multada "y no se arruinó".

Para las demandas, mediación

Patricia Suárez lamenta que dentro de la nueva ley de eficiencia procesal que está tramitando el Ministerio de Justicia se introduzca la intermediación obligatoria como antesala a los juzgados y las demandas que se tramitan en ellos. Asufin está de acuerdo con la intermediación pero sólo cuando es "entre iguales" y en este caso no es así.

Por otro lado, advierte que se están poniendo trabas a los usuarios, delimitando las costas en las causas que no estén relacionadas con las cláusulas abusivas.

La representante de Asufin expone que los jueces consideran que los abogados de consumo están inflando el mercado de las reclamaciones porque hacen una propuesta de honorarios con las costas. Por ello, se ha intentado quitar, para desatascar los juzgados. Una estrategia que lo único que consigue es "disuadir al consumidor" porque le quita "herramientas con las que puede reclamar".