Bajo el nombre 'Operación Tellus' se encuentra un sofisticado entramado financiero que permitía desviar los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento, dedicándolos a la actividad propia del sindicato. La trama se traduce en más de 1,8 millones de euros obtenidos por el sindicato, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas.
Las alarmas se activaron el pasado mes de febrero, cuando el propietario de pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato de Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura.
Tras profundizar en el tema, la Guardia Civil detectó que 1.800 personas, afiliadas a este sindicato, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.
El mecanismo era sencillo: Los agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario. Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.
La investigación llevó a treintena de agricultores afiliados al sindicato a tomar declaración. Igualmente, se procedió a realizar un minucioso análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato pudiéndose comprobar la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada.
Se ha podido comprobar como algunos empleados del sindicato utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado.
La trama sale a la luz
En el día de ayer y ordenados por la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones del mismo en las localidades cacereñas de Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz. A día de hoy se continúan los registros motivados por la explotación de esta operación.
Fruto de los mismos, y de la investigación previa, se ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA – UCE Extremadura, del “captador” de afiliados al sindicato en Talayuela y del administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.
