Golpe al fraude a la Seguridad Social... y a la desfachatez. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han detenido en los últimos días a quince personas como presuntos responsables del fraude de cerca de 4 millones de euros a la Tesorería General de la SS cometidos por nueve empresas, todas ellas de la provincia de Lugo. Entre los arrestados en la bautizada como 'Operación Miño' se encuentran conocidos empresarios gallegos a los que las deudas que acumulaban con el erario público no les impedía mantener un alto nivel de vida. Se les acusa de ocho delitos de fraude, siete de frustración de ejecución, un delito societario, uno de falsificación documental y otro de organización criminal.
El propietario de Gruas y Transportes Vidal se movía en un Porsche y vivía en un chalé con piscina climatizada pese a su millonaria deuda con la Seguridad Social
En concreto, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF han actuado contra los propietarios de Comercial Trasfobe SA, Carlanga Ibérica SLU, Arguci Group SL, Nergo Interiorismo SLU, Construcciones Norsaviñao SL, Parques e Inmobiliario Urbano de Galicia SL y EME Lugo DB. De todas ellas, destaca el caso de las tres primeras, tanto por la cuantía de lo defraudado como por su relevancia empresarial. De hecho, entre los detenidos está José Manuel Vidal, propietario de Comercial Trasfobe SA, dedicada al alquiler de vehículos pesados bajo el nombre comercial de Gruas y Transporte Vidal, con implantación en todo el territorio nacional.
Este conocido empresario está acusado de defraudar las arcas públicas cerca de 1,9 millones de euros. Todo ello mientras mantenía un alto nivel de vida que incluía un vehículo Mercedes de alta gama, un Porsche Carrera 911, un piso de lujo en pleno centro histórico de la ciudad gallega, un chalé con piscina climatizada y caros colegios para sus hijos en Suiza. Entre los arrestados, también está la mujer del empresario, R,V,V.A.
Cadena de peluquerías
Otra de las relevantes empresas investigadas es Carlanca Ibérica SLU, propiedad del matrimonio formado por Susana López y Alejandro Javier Santos Fernández, este último hermano de una antigua alto cargo de la Xunta en la etapa de Gobierno de PSOE y BNG. Según las investigaciones policiales, Carlanca es la última de una larga cadena de sociedades a través de las cuales el pareja dirige una importante cadena de peluquerías con franquicias presente en prácticamente todas las ciudades gallegas, Monet Peluqueros. En este caso, la investigación la responsabiliza de un supuesto fraude a la Seguridad Social de 728.908 euros.
Uno de los detenidos, Ángel López, había sido el presidente de una asociación de empresarios y propietario de una conocida firma de carpintería metálica
La tercera empresa por el fraude causado es Arguci Group, a la que se la responsabiliza de un agujero de 461.156 euros en la caja de la Seguridad Social. Esta empresa, poco conocida, esconde detrás un entramado empresarial compuesto por más de 15 compañías, entre las que se encuentran Arpatec State SLU, Estructuras Envolvente SL, Argali Sistemas SL y Carguvi SL, todas ellas vinculadas directamente con el nombre comercial Allplas, dedicada a comercializar carpintería metálica en Galicia, Canarias y Marruecos.
Su administrador y socio hasta abril de 2016, Ángel López Lugilde, se encuentra entre los detenidos, junto a su esposa y su hermana. La UDEF acusa a López Lugilde, quien también ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono del Ceao de Lugo, también de un delito de alzamiento de bienes, ya que la investigación ha comprobado que realizaba movimientos de bienes, como coches e inmuebles, cuando se iban a producir los embargos de la Seguridad Social.
El 'modus operandi'
La mecánica utilizada por la mayoría de las empresas investigadas para defraudar era muy similar. Sabedores de los largos plazos de actuación de la Administración en este tipo de fraudes, los propietarios no realizaban ningún pago a la Seguridad Social por sus trabajadores incluso desde la misma creación de la sociedad. Cuando la maquinaria de la Tesorería General se ponía finalmente en marcha y les remitían los correspondientes procedimientos de apremio, en muchas ocasiones solicitaban el aplazamiento del pago de la deuda con el supuesto fin de dilatar aún más los plazos y, así, evitar la ejecución de los embargos.
La sensación de impunidad hizo que algunos detenidos mantuvieran como domicilio social de las empresas que creaban la de la mercantil que acumulaba la deuda con la SS
Cuando veían que finalmente éstos eran inevitables, presuntamente creaban nuevas sociedades con el único fin de diluir las responsabilidad y dificultar las actuaciones de la Seguridad Social. Además, dejaban a los trabajadores dados de alta en la empresa deudora, lo que aumentaba aún más su 'agujero' con la Seguridad, mientras los bienes de la compañía eran traspasados a una mercantil 'limpia' con el fin de evitar los embargos. La actividad, los clientes y los proveedores también eran 'transferidos' a la nueva empresa para continuar con el negocio.
La compleja investigación de los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF ha permitido ahora reconstruir estas 'sucesiones' de empresas, que en algunos casos los ahora detenidos realizaban con una auténtica sensación de impunidad como lo demuestra el hecho de que incluso hacían que la nueva mercantil tuviera el mismo domicilio social que la empresa deuda tras elaborar falsos contratos de arrendamiento. En muchas ocasiones, los ahora detenidos interponían testaferros para impedir, precisamente, que se produjeran los embargos. Las pesquisas de la Policía han permitido ahora no sólo destapar un fraude de 3.850.000 euros sino también localizar numerosos bienes que estos empresarios ocultaban y que les permitía mantener un alto nivel de vida pese a sus deudas millonarias.
