El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2017, que asciende a 8.919,8 millones de euros, un 5,9 por ciento más que en 2016, y reserva 119 millones al Plan Integral de Garantías que Podemos pone como condición para apoyar la cuentas.
Una vez aprobado por el Ejecutivo autonómico, el presupuesto llegará mañana a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se tramitará y para su aprobación necesitará el visto bueno de los 15 diputados del PSOE y los 2 de Podemos, ya que el PP -con 16 parlamentarios- votará previsiblemente en contra.
El acuerdo entre la Junta y Podemos, anunciado ayer, se produce casi cuatro meses después de que la formación morada diera por roto el acuerdo de investidura con el Gobierno de Emiliano García-Page, si bien sitúo el Plan de Garantías como condición para avalar las cuentas.
A través de este plan, Podemos quiere que no haya en Castilla-La Mancha nadie sin casa, nadie sin suministros básicos -luz, agua y gas- y nadie sin una renta suficiente para al menos alcanzar a tener cubiertas las necesidades esenciales, vía empleo o vía renta garantizada.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este martes, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, el proyecto de ley que incluye, entre otras partidas, el abono a los empleados públicos de la Junta, que se realizará "entre hoy y mañana", del 25 por ciento pendiente de la paga extraordinaria suprimida en 2012, así como la recuperación del 1,5 por ciento -la mitad- de la llamada "tasa Cospedal".
La subida salarial a los funcionarios se aplicará una vez que estén aprobados los presupuestos de manera definitiva, aunque con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017
