Los estibadores han logrado salirse con la suya. El Gobierno se ha visto forzado a retrasar una semana la aprobación del Real Decreto Ley que liberalizará el sector de la estiba portuaria al constatar que no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante la norma. El hecho de no aprobar la modificación en las próximas semanas supondría tener que afrontar una histórica multa de la Comisión Europea por incumplir una sentencia comunitaria, que se elevaría a algo más de 134.000 euros por día, además de un montante que España acumula de una sanción latente que se aproxima a los 22 millones de euros.
Un riesgo que el Gobierno no está dispuesto a correr y menos si, a cambio, logra evitar la huelga que los sindicatos de estibadores han convocado para la próxima semana. El Ministerio de Fomento ofreció en la tarde de este miércoles la posibilidad de posponer una semana más la aprobación del Decreto a cambio de desconvocar la huelga.
En los últimos días, el Gobierno ha comprobado de primera mano que el Congreso no dará el visto bueno al Real Decreto Ley. El PSOE se ha mantenido firme en su postura de anteponer el acuerdo entre empresas estibadoras y trabajadores, por lo que ha hecho saber al Ejecutivo que votará en contra de la norma si no hay pacto definitivo entre patronal y sindicatos.
En las últimas horas, Ciudadanos también se ha bajado del carro. La formación que lidera Albert Rivera, que estaba dispuesta a apoyar el Real Decreto Ley, solicitó al Gobierno que retrasara su aprobación para dar más tiempo a la negociación con los estibadores.
Multa histórica
Es decir, que llevar el Decreto al Parlamento se traducía en una más que segura derrota del Gobierno. Una derrota que, en este caso, llevaría a buen seguro aparejada una fortísima de histórica sanción económica por parte de la Comisión Europea. Cabe recordar que el proceso de liberalización del sector de la estiba tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de diciembre de 2014, que condena al Reino de España al considerar que el sistema de estiba atenta contra los principios de libertad de establecimiento contemplados en el Tratado de la Unión.
Esta sentencia aún no se ejecutado, por lo que el Gobierno comunitario presentó una nueva demanda contra España por este motivo.
En el caso de que esta nueva denuncia concluya con una sentencia sin que el Gobierno haya cumplido con el fallo anterior, el Estado sería condenado a pagar una multa de 134.107,2 euros diarios desde el día en que se dicte sentencia hasta que el Ejecutivo ejecute plenamente el fallo anterior.
Se prevé que esta segunda sentencia se dicte en las próximas semanas, no más tarde de mediados o finales del mes de marzo, por lo que el Gobierno no puede permitirse ni un resbalón en este punto. Un retraso por el rechazo del Parlamento sería una sentencia de muerte, que abocaría a España a ser multada por primera vez en su historia por incumplimiento de una sentencia comunitaria.
