Continúan las exigencias de Francisco Granados. Después de que consiguiera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, adelantase su declaración voluntaria al próximo 21 de diciembre, el ex secretario general del PP madrileño ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional para exigir que se levante el secreto sobre la pieza del sumario del 'caso Púnica' que investiga la supuesta financiación irregular de su partido. En el mismo, alega una directiva de la Unión Europea que ya ha esgrimido en una ocasión anterior para reclamar su puesta en libertad provisional. La nueva petición de Granados se produce cuando faltan sólo dos semanas para que se produzca su esperada comparencia ante el magistrado a petición propia.
En este nuevo escrito, de un folio de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Granados recuerda que ha denunciado "en reiteradas ocasiones" que el juez Velasco "con sus desclasificaciones parcicales de información no ha facilitado el derecho de acceso a la totalidad de las pruebas materiales" que, en su opinión, avala una sentencia del Tribunal Supremo de 2014. Por ello, considera que se ha conculcado "el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías". "A lo largo de la diltada instrucción de la presente causa -se lee a continuación- se ha vedado a la defensa del señor Granados el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la legalidad de su privación de libertad [...] toda vez que aún se mantiene declarado el secreto sobre, al menos, una pieza separada".
En este sentido, la defensa del exdirigente regional del PP recuerda el artículo 7.1 de la directiva comunitaria y tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reclamar ahora el fin de esta medida que se le permita "el acceso a la totalidad de las pruebas del expediente", incluida la de dicha pieza separada, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño y en la que junto a él están imputados el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid. Granadas recalca que con ello pretende "conocer los elementos esenciales de las actuaciones que contiene al objeto de poder impugnar la legalidad de la privación de libertad".
