El trabajo parlamentario que ha realizado Podemos para combatir la corrupción no ha sido especialmente prolijo antes de recurrir a la moción de censura. El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea sólo ha presentado en lo que va de legislatura una proposición de ley en materia anticorrupción, en concreto, la "de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Esta iniciativa fue registrada el pasado 17 de marzo y todavía está pendiente de ser elevada al Pleno de la Cámara. Pero más allá de ella, la formación de Pablo Iglesias, IU, Equo y las confluencias no han redactado ninguna otra ley anticorrupción que pueda ser incluida en el programa de Gobierno que debe llevar aparejado su moción de censura.
Iglesias ha iniciado conversaciones con varias organizaciones sindicales y sociales (CCOO, UGT, CGT y Gestha) no sólo para recabar su apoyo a la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sino también para recibir sugerencias e ir articulando ese programa con el que su grupo parlamentario tratará de "sacar al PP del Gobierno y de las instituciones". Y es que un programa de Gobierno no es lo mismo que un programa electoral, donde cabe todas las promesas. Pese a ello, a la hora de presentar su alternativa (todo apunta a que lo hará la portavoz parlamentaria, Irene Montero, con Iglesias de candidato), Podemos se verá obligado irremediablemente a tirar del catálogo de Ikea con el que concurrió al 26J y de los Presupuestos de la Gente que difundió esta semana. Unas cuentas propias que plantean un aumento del gasto ya previsto por el Ejecutivo en 19.500 milllones de euros, además de elevar seis décimas el objetivo de déficit (del 3,1% al 3,7%). No quedan otras opciones a Podemos pues su bagaje legislativo se reduce a esa única proposición de ley de reforma de la Lecrim que ni siquiera ha sido sometida a votación en el Pleno del Congreso.
Además, se da la circunstancia de que esta proposición de ley tampoco incluye un amplio desarrollo de cambios normativos. Tiene un único precepto: "Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", una disposición transitoria ("se aplicará a todos los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley") y dos disposiciones finales. En la exposición de motivos, se explica que el propósito de esta medida es revocar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el Gobierno en 2015 con la intención de agilizar la Justicia penal, "limitando la duración de la fase de instrucción de los procesos, al establecer un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas".
Un programa de Gobierno no es lo mismo que un programa electoral, donde cabe todas las promesas
Sin embargo, Podemos cree que con dicha reforma el Ejecutivo ha provocado el efecto contrario. "Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos", sostiene la formación de Pablo Iglesias.
No obstante, esta reivindicación no es exclusiva de Unidos Podemos, pues también el PSOE ha pedido tal derogación. Lo hizo en la anterior legislatura a través de otra proposición de ley y en la actual volvió a registrar la misma iniciativa el pasado julio. Además, esta medida formó parte del pacto de gobernabilidad que firmaron el exsecretario general socialista Pedro Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en febrero de 2016.
Tanto PSOE como Ciudadanos ha presentado más iniciativas legislativas que Podemos (no se cuentan las PNL al no tener carácter de ley) en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Los socialistas también han registrado, por ejemplo, una proposición de ley orgánica de "reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Código Penal". Aquí exigen una reforma legal que permita no dar cobertura a la "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno del PP en 2012.
Ciudadanos y su ley ómnibus
Por su parte, Ciudadanos, socio del Gobierno, es el que más rendimiento ha sacado a su trabajo parlamentario en materia de regeneración democrática. Además de una proposición de ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores, ha conseguido que el Congreso apruebe la tramitación de la primera ley integral contra la corrupción. Se llama "ómnibus" o "integral" porque no incluye una sola medida, sino un paquete de actuaciones que van desde suprimir los indultos por corrupción hasta que los imputados queden excluidos de las listas electorales o que los partidos devuelvan el dinero sustraído. Buena parte de estas políticas figuran en el pacto de investidura que Rajoy y Rivera firmaron en agosto.
